Una segunda demanda para que se condene al Estado al pago de 10 millones de dólares en concepto de indemnización por el incendio del bus 8B-06, en el que murieron 18 personas y 26 resultaron heridas, fue rechazada por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema.
El fallo –que firman Winston Spadafora (ponente), Víctor Benavides y Alejandro Moncada– señala que no existe obligación por parte del Estado para indemnizar a Lidia Atencio y Luis Contreras Valdés, pues los responsables directos de los daños y perjuicios causados a las víctimas y a los sobrevivientes son los hermanos Próspero y Ariel Ortega, conductor y propietario del 8B-06.
El fallo recoge un informe del Cuerpo de Bomberos, que concluye que la explosión registrada el 23 de octubre de 2006 en las inmediaciones del templo Hossana, se produjo por el mal estado del cableado eléctrico del bus y la existencia de un gas refrigerante altamente inflamable que produjo un fuego que se extendió rápidamente por el vehículo.
Este fue el mismo argumento utilizado por los magistrados, el pasado 20 de abril, para rechazar una demanda de 10 millones de dólares que presentó el hijo de Rosa Rodríguez Vargas, una de los 18 pasajeros que perecieron en el 8B-06.
Con estos dos reveses, todo indica que esa será la misma suerte de las otras 12 demandas en trámite, presentadas por familiares de las víctimas y sobrevivientes del malogrado vehículo.
Los hermanos Ortega cumplieron una pena de 40 meses de prisión por el delito de homicidio culposo. Ya están libres y residen fuera de la capital.
Ayer, la Presidencia informó que pagará por las atenciones médicas que recibirán Atencio y Contreras, el 24 de junio en Houston. Ambos serán operados. A Contreras, que es funcionario, le harán, además, un “ajuste salarial”.
