La abogada Cindy Rangel Bandas, quien laboró hasta julio en la Fiscalía Segunda Anticorrupción, está ahora en el equipo de abogados del Ministerio de Educación que maneja el caso de las contrataciones para remover fibra de vidrio en los techos de diferentes planteles.
Un mes después de haber renunciado a la fiscalía, Rangel Bandas solicitó a su ex jefe, el fiscal Ramsés Barrera, que ordenara la detención del ex ministro de Educación Belgis Castro, por presunto desfalco estatal.
Estos hechos fueron denunciados por Carlos Carrillo, abogado de Castro.
El fiscal Barrera instruye el expediente por el caso de los contratos para remover fibra de vidrio en 10 colegios ubicados en Panamá este.
Un día antes de la detención de Castro, Rangel Bandas entró a formar parte del equipo de abogados del Ministerio de Educación. El 25 de agosto pasado fue incluida como abogada sustituta, según documentación presentada ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción.
En esa misma documentación, a la que tuvo acceso este diario, Rangel Bandas pidió a la Fiscalía Segunda Anticorrupción que se ordenara un impedimento de salida del país y se arrestara a Castro. El fiscal ordenó la detención el 26 de agosto.
Consultado sobre el estatus laboral de Rangel Banda, el Ministerio Público informó que la abogada fue parte de esa institución hasta el 6 de julio de 2009.
No obstante, hasta el momento Rangel Bandas aparece en el nodo de transparencia de la Defensoría del Pueblo, ocupando el cargo de estenógrafo III en el Ministerio Público, con salario de 580 dólares mensuales.
Simultáneamente, Rangel Bandas también aparece en el mismo nodo como funcionaria del Ministerio de Educación, en la posición No. 74281, con un salario mensual de mil dólares.
Se intentó conocer la reacción del fiscal y de Rangel, pero no fue posible.
Por otro lado, el ex ministro Belgis Castro continuará detenido, ya que el pleno de la Corte Suprema de Justicia, reunido ayer, no discutió el hábeas corpus que presentó su abogado.
Desde la semana pasada, este recurso está en manos del magistrado Jerónimo Mejía, luego de que la mayoría del pleno objetara un proyecto preparado por el magistrado Víctor Benavides que declaraba legal la detención y además proponía sustituir la medida cautelar de detención por la de casa por cárcel.
