Las reformas al proceso de evaluación de los estudios de impacto ambiental que propone la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) no pasaron el primer análisis.
La comisión de ambiente y recursos naturales de la Asociación de Ejecutivos de Empresa (Apede) analizó ayer la propuesta y determinó, entre otras cosas, que esta permite “mucha discrecionalidad” en el proceso de evaluación de los proyectos, y que no reglamenta las llamadas guías de buenas prácticas.
Otro aspecto criticado de la propuesta de la Anam es la falta de reglamentación de aspectos fundamentales –como el concepto de impacto ambiental bajo o moderado– de la Ley 227 que aprobó la Asamblea Nacional como parte de los acuerdos alcanzados en la mesa del diálogo de la desaparecida Ley 30.
El análisis fue realizado a solicitud de la Apede por Marco Díaz, de la Cámara Panameña de Empresas Consultoras Ambientales.
A Díaz también le preocupa que la propuesta vuelve a introducir el término de “interés social” para proyectos, algo que fue duramente cuestionado al aprobarse la Ley 30.
El pasado miércoles, la Anam entregó a grupos ambientalistas la propuesta que reglamentaría la Ley 227, que a su vez modificó la Ley General de Ambiente (Ley 41 de 1998).
La Ley 227 otorga la opción a los promotores de acogerse a las guías de buenas prácticas ambientales, en vez de hacer un estudio de impacto ambiental, si el proyecto es de “bajo” o “moderado” impacto al entorno.
La propuesta presentada por el administrador de la Anam, Javier Arias, reformaría el Decreto 123 de agosto de 2009 que regula en la actualidad los procesos de evaluación de los estudios de impacto ambiental, aprobado por la presente administración.
La jornada fue coordinada por Natalia Young, vicepresidenta de la comisión de ambiente de Apede.
