Hernán De León, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a cargo del expediente remitido por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para investigar al expresidente Ricardo Martinelli por supuestas irregularidades en cuentas en la casa de valores Financial Pacific, no puede eludir su responsabilidad de agilizar el proceso.En eso coinciden algunos juristas consultados, quienes afirman que un magistrado ponente de un caso debe impulsar un proyecto de fallo para adelantar el trámite y no estancarlo. Desde el pasado 1 de julio, De León analiza la documentación enviada por la SMV y hasta la fecha no ha presentado un proyecto de fallo sobre el particular para que sea analizado por el pleno de la Corte.“En un caso tan significativo como este –en mi opinión–, es una irresponsabilidad no haber decidido la admisión todavía. No es posible que a estas alturas no se haya admitido o rechazado este caso”, aseguró Guillermo Márquez, exmagistrado del Tribunal Electoral. De León se escuda en que trabaja un proyecto de fallo “que debe ser revisado con detenimiento y no con premura”.
EXIGEN CELERIDAD
Aunque la admisión o rechazo de una denuncia corresponde al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es responsabilidad del magistrado ponente impulsar un proyecto de fallo para agilizar el trámite y no estancar un caso.
Así opinan abogados consultados sobre las competencias de un magistrado ponente cuando está a cargo de un expediente en la máxima corporación de justicia.
El tema surge luego de que el magistrado Hernán De León, en nota enviada a La Prensa, justifica su papel en el expediente remitido a la Corte por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para investigar al expresidente Ricardo Martinelli, por supuestas irregularidades en cuentas en la casa de valores Financial Pacific (FP).
La documentación de la SMV llegó al palacio Gil Ponce el pasado 29 de junio y dos días después –el 1 de julio– fue asignada a De León, sin que hasta la fecha se reporten mayores avances en el proceso.
En la nota, De León intenta eludir su responsabilidad al argumentar varios aspectos. Por ejemplo, que la defensa del expresidente Martinelli solicitó “disposición” del expediente que estaba en la Secretaría de la CSJ y luego pidió copias del mismo. “Así se dispuso”, indicó.
Sin embargo, el excontralor Alvin Weeden sostiene que De León no puede tener paralizado un expediente porque alguien ha pedido copia. “Las copias se evacuan rápidamente”, dice.
Advirtió que ese proceso no puede convertirse en una táctica dilatoria, no solo por parte de la defensa, sino del responsable del expediente.
El abogado Candelario Santana también sostiene que esto “no es excusa para paralizar el caso”. “Las copias se pueden sacar en uno o dos días”, señala. En cuanto a la disposición del expediente solicitado por la defensa de Martinelli, destaca que eso significa que los abogados simplemente tienen acceso a verlo en los estrados del tribunal y entonces, en uno o dos días, pueden sacar las copias. “Eso no amerita que se haya demorado dos meses [sin admitir]”, dice.
Otro de los puntos que expone De León es que “la admisión del expediente no es exclusivo del ponente. Esto le corresponde al pleno de la CSJ”. Empero, Raúl Olmos, especialista en el sistema penal acusatorio, indicó que si bien es el pleno de la CSJ el que admite, el magistrado ponente tiene la responsabilidad de presentar el proyecto de fallo lo más pronto posible para la consideración de sus ocho colegas restantes.
Esta misma tesis la comparte Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del Tribunal Electoral. “Él [como ponente] debe impulsar ese trámite”, afirma. Mientras que la exmagistrada de la CSJ Esmeralda Arosemena de Troitiño estimó que la tramitación de la admisión o no de un expediente tarda usualmente un promedio de 30 días.
Cuestionó el hecho de que algunos abogados soliciten copias de todo el expediente como táctica para dilatar el proceso.
De León también informó de que ha estado leyendo el expediente y trabaja “en un proyecto [de fallo] que debe ser revisado con detenimiento y no con premura, pues se quiere evitar cometer errores, ya que este proceso debe atenderse bajo el sistema penal acusatorio”.
PLENO RÁPIDO
El caso, de acuerdo con los juristas, se puede evacuar más rápido. Olmos asegura que el proyecto de fallo puede ser enviado para lectura, pero en ocasiones, por políticas judiciales internas, los magistrados ponentes llevan estos casos directamente a las reuniones del pleno para ser discutidos y decididos. “En un pleno es más rápido. Si lo hacen por lectura de cada uno, demora más”, señaló.
“Que vayan más de dos meses y no se hayan pronunciado sobre la admisibilidad, eso sí está raro”, manifestó José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, quien de paso dijo que se le hace “extraño” que De León no se pronuncie sobre el particular, porque “no es de esos magistrados que se sienta en los expedientes”.
Varios de los juristas consultados detallan que el Código Judicial estipula que por cada 100 páginas de un expediente, el magistrado tiene un día para resolver, por lo que “ellos [los magistrados] abusan porque no cumplen con los términos”.
EL CASO
De acuerdo con información divulgada inicialmente por TVN y, con base a documentación a la que tuvo acceso este diario, Martinelli compró y vendió acciones mineras días antes de aprobar la extracción de oro en Petaquilla Gold (subsidiaria de Petaquilla Minerals).
La estrategia detectada por la SMV revela que la adquisición de las acciones por parte del exmandatario se hizo a través de tres cuentas de FP, en las que tenía participación: High Spirit Overseas, Distribuidora Comar, S.A. y una tercera que estaba registrada con su propio nombre.
(Con información de Juan Manuel Díaz)
Pedirán investigar a Salo Shamah
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Fiscalía Tercera Anticorrupción insistirán en que el Juzgado Primero Penal envíe copias para investigar al exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá Salomón Shamah por la supuesta comisión del delito corrupción de funcionarios.
Una fuente ligada al proceso detalló que los abogados de la SMV reclamarán la decisión del juez Primero Penal, Rolando Quesada Vallespi, de no compulsar copias para investigar a Shamah y apelarán para que se aplique la pena máxima de seis años de prisión al exdirector de Supervisión de la SMV Ignacio Fábrega.
En tanto, la fiscal Tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore sustentará su apelación, recurso que deberá resolver el Segundo Tribunal Superior de Justicia. Quesada Vallespi redujo la condena a Fábrega a cinco años y en el caso de Shamah no envió copias al Ministerio Público, a pesar de que Fábrega, en audiencia, declaró que este y el expresidente Ricardo Martinelli le instruían a dar información confidencial de Financial Pacific.
Juan Manuel Díaz C.
