Auditores del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) vuelven a estar en el ojo de la tormenta, tras ser cuestionados por sus conclusiones en casos investigados por el Ministerio Público (MP) relacionados con el manejo de fondos y transacciones bancarias.
Esta vez fueron denunciados los peritos José Vergeli y Fabio Duarte, acusados por la firma de abogados Ramos Chue & Asociados por faltas a la ética judicial dentro de un proceso por supuesto desvío y ocultamiento de fondos por más de 13 millones de dólares.
La querella, presentada en marzo pasado, señala que los dos funcionarios entregaron sus informes en febrero de 2011, un año después de que la Fiscalía Decimocuarta de Circuito –que instruye las sumarias– les solicitara realizar auditorías como parte de las investigaciones del caso.
Además, los querellantes pidieron una sanción disciplinaria para los dos peritos, debido a que supuestamente omitieron “información relevante” que les fue suministrada por las partes.
También cuestionaron las conclusiones de los peritos en cuanto a que “no hubo desviación de fondos”, y los acusaron de no haber realizado “una auditoría a profundidad de las evidencias acopiadas”.
Vergeli y Duarte fueron los mismos peritos que elaboraron, en enero de 2011, la auditoría del caso en el que es acusado el exmandatario Ernesto Pérez Balladares y otras 14 personas por blanqueo de capitales y que, contrario a las conclusiones de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, dictaminaron que en este caso no se incurrió en delito penal.
Este informe fue cuestionado por el fiscal Marcelino Aguilar en su vista fiscal y durante la audiencia del caso, la semana pasada.
“La función de los auditores no es formular cargos ni interpretar la ley, sino servir de auxiliares de la justicia”, dijo Aguilar.
Por otra parte, en el juicio al supuesto capo José Nelson Urrego, realizado la semana pasada en el Juzgado Octavo Penal, fueron criticados los peritos Elio Ábrego y Jazmín Pérez (esta última renunció en 2009), cuyo trabajo, según los defensores, tenía muchas “imprecisiones” y afirmaciones “no probadas”.
Al ser interrogado, Ábrego admitió que aunque el dinero confiscado a Urrego era ilícito, en muchas transacciones no se pudo probar el blanqueo de capitales.
Consultado sobre estos casos, el director del Imelcf, Humberto Mas, dijo de entrada que los peritos son independientes en sus decisiones, que no siempre satisfacen a las partes.
Indicó que los peritos suelen ser querellados como cualquier otro funcionario involucrado en procesos donde hay intereses, y deben ser las autoridades competentes las que determinen si incurrieron en delito o no.
De cualquier forma, informó que su despacho ya adelanta averiguaciones para determinar qué sucedió en los casos mencionados.
