Jaime Salas De la Cruz cumplió su segunda semana como prófugo de la justicia.
El ex ingeniero municipal es requerido por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a través de una sociedad llamada Edificaciones Portobelo, S.A.
Desde el 7 de diciembre pasado, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada ordenó la conducción de Salas para que rinda indagatoria.
Con él, están acusados Esilda Rodríguez, Hugo Sánchez Reina y Rubén Darío Pérez, a quienes la fiscalía identificó como “testaferros” de Salas.
El abogado defensor Rogelio Cruz ha presentado seis recursos, incluyendo tres hábeas corpus a favor de Salas, de Sánchez y de Rodríguez. Los hábeas corpus están ahora en los despachos de los magistrados Oydén Ortega, Aníbal Salas y Winston Spadafora, respectivamente.
Cruz también presentó tres incidentes de controversia en relación a tres decisiones de la fiscalía: uno para impedir la indagatoria de Salas; otro para impedir la indagatoria de Rodríguez, y el último, contra la decisión del fiscal José Ayú Prado de no permitir una repregunta.
Los tres incidentes deben ser resueltos ahora en el Juzgado Segundo penal.
Según un informe que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) remitió al Ministerio Público, Edificiaciones Portobelo, S.A. recibió 1.9 millón de dólares entre julio de 2005 y octubre de 2007, en una cuenta corriente abierta en el Banco del Istmo.
En todo ese período, Salas –que preside Edificaciones Portobelo, S.A.– solo reportó como ingreso su salario, de 5 mil dólares mensuales, como ingeniero municipal.
