La defensa del expresidente Ernesto Pérez Balladares acusó al fiscal contra la Delincuencia Organizada, Marcelino Aguilar, de introducir nuevos señalamientos contra su cliente en la apelación presentada ante el Segundo Tribunal de Justicia contra el sobreseimiento dado por el Juzgado Noveno Penal, y pidió se le sancione por acusar al juez de cometer irregularidades al valorar las sumarias.
La defensa de Pérez Balladares –que presentó ante el Segundo Tribunal una oposición a la apelación– alegó que en su escrito el fiscal Aguilar introdujo conceptos como los de corrupción y desviación de poder que no fueron incluidos en el sumario, en todo el tiempo que duró la investigación.
La oposición, presentada por el abogado Luis Carlos Cabezas, pide además que se sancione al fiscal Aguilar por señalar la comisión de “irregularidades” por parte del juez, Diego Fernández, en la valoración de las pruebas presentadas en la investigación, lo que constituye, a su juicio, “una falta de respeto al sugerir falta de probidad y honradez del juzgador”.
También reitera que la fiscalía nunca pudo establecer la existencia de un delito precedente –que según la fiscalía es corrupción– para probar la existencia del blanqueo de capitales, ya que no “existen pruebas directas o indiciarias de que los representantes de las empresas beneficiadas con las concesiones para administrar y operar las salas de máquinas tragamonedas hayan ofrecido o entregado dinero, beneficios, dádivas o cualquier otro beneficio a los servidores públicos que intervinieron en dichas concesiones”.
A su vez, sostuvo que es un “desliz” afirmar, para sustentar los cargos contra Pérez Balladares, que por haber ocupado el cargo de Presidente durante el período en que se firmó el convenio con Lucky Games S.A., y debido a su participación en el Consejo de Gabinete con un voto, éste deberá ser procesado por la comisión de un delito.
Plantea que las concesiones dadas a Lucky Games se dieron antes del mandato de Pérez Balladares y que la legalidad de esos contratos fueron revisados en una investigación por la Fiscalía Tercera Anticorrupción, los juzgados Decimoquinto y Decimoséptimo penal, por lo que no hubo delito contra la administración pública ni lavado de dinero.
La defensa de Pérez Balladares solicitó a los magistrados mantener el sobreseimiento a su cliente y levantar el secuestro a sus cuentas.
Por el contrario, la fiscalía pidió al tribunal el encausamiento criminal de 13 de los 15 imputados –incluyendo al exmandatario–, el mantenimiento de las medidas cautelares a cuatro de estos y la ratificación del secuestro de cuentas bancarias clave en las pesquisas, todo ello con el convencimiento de que no solo está probado el delito precedente (corrupción), sino el blanqueo de capitales.
