Una nueva etapa se gesta ahora en las negociaciones entre el Ejecutivo y la multinacional Del Monte, que pretende reactivar la producción bananera en Barú, provincia de Chiriquí, a través de una inversión de $126 millones.
La comisión encargada de revisar el borrador del contrato que la empresa presentó al gobierno de Juan Carlos Varela, envió a la compañía una serie de modificaciones y comentarios que se hicieron al documento, informaron fuentes de la Presidencia.
Del Monte había propuesto, por ejemplo, que se le excluyera del pago de impuestos por dividendos y del pago de impuestos sobre la renta por remesas al exterior, pero la comisión, que integran miembros de los ministerios de Economía y Finanzas, Presidencia, Ambiente y Desarrollo Agropecuario, no accedió a esta propuesta.
La compañía también había solicitado que el contrato tuviera ciertas disposiciones relacionadas con la contratación de personal extranjero, pero los comisionados le dijeron que debían regirse por lo que actualmente establece el Código de Trabajo en este aspecto.
“Le estamos solicitando a la empresa que revise nuestros comentarios y que una vez culmine este proceso celebremos una reunión, con el propósito de discutir y aclarar los temas más importantes del contrato”, aseguró la fuente.
Los $126 millones que invertiría la empresa estadounidense en la producción de banano impactarían a mil 765 hectáreas de tierra y generarían unos 3 mil 200 empleos en la zona bananera de Barú.
De acuerdo con lo expresado por el director de Agroindustrias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Edwin Vergara, las negociaciones entre las dos partes podrían prolongarse hasta mediados de junio próximo.
Del Monte entregó la propuesta a la comisión –que lidera el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán– a mediados de abril pasado.
En caso de alcanzar un acuerdo, el contrato ley deberá tener el visto bueno de la Asamblea Nacional, que retoma un nuevo periodo de sesiones ordinarias a partir del 1 de julio próximo.
Dentro del proceso de negociación, los directivos de la transnacional, autoridades agropecuarias y miembros de la Asociación de Productores Agrícolas Rodolfo Aguilar Delgado (Aparad), en Barú, han tenido varias reuniones en la capital.
Los productores de Aparad, que pertenecen a un grupo de trabajadores de la extinta Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (Coosemupar), negociaban previamente con Chiquita Brands el alquiler de sus tierras por 20 años y el pago anual de $450 por hectárea, pero los diálogos se estancaron a principios de este año con la venta de Chiquita al consorcio brasileño Cutrale-Safra.
“Los representantes de Cutrale-Safra nos pedían un plazo hasta diciembre próximo para reanudar las negociaciones, pero los mil 765 productores no podemos esperar más”, dijo Isaías Bonilla, presidente de Aparad.
Barú, que durante la época de la bonanza del banano fue una zona próspera, es hoy una zona deprimida, donde predomina el desempleo. Cálculos oficiales indican que el 62% de los lugareños no tiene trabajo.
Actualmente, Del Monte tiene operaciones bananeras en Guatemala y Costa Rica.
