Un año, cinco meses y 12 días después de que se iniciara un proceso disciplinario en su contra, y un año después de que fuera destituida por la entonces procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, fue que la ahora fiscal segunda superior, Argentina Barrera, presentó una demanda civil contra Corporación La Prensa que, a la vez que otros siete diarios de circulación nacional, publicó el comunicado oficial que daba cuenta de dicha destitución.
Barrera alegó en su demanda que la publicación de La Prensa le ocasionó “estrés post traumático”. La juez Miriam Cheng de Aguilar le dio la razón, y condenó a Corporación La Prensa a pagarle 300 mil dólares en concepto de “daño moral” a la fiscal.
La sentencia concluye que el diario La Prensa publicó “el titular” que ocasionó un desmejoramiento de “la imagen que sus congéneres tienen de ella”, afectando su campo laboral y profesional. Así, la sentencia considera que fue la publicación –y no la destitución– la causante del “estrés post traumático”.
Sin embargo, los tiempos contenidos en el expediente del caso indican que la fiscal Argentina Barrera estuvo sometida a un proceso disciplinario por varios meses antes de darse a conocer su destitución. En efecto, el Ministerio Público (MP) inició el 11 de marzo de 2005 contra Barrera el proceso disciplinario que terminó, cinco meses y medio después, en su destitución.
El proceso disciplinario, al cual fue sometida la fiscal, consta de dos tomos y mil 145 fojas.
Concluido el proceso disciplinario, el MP, según el comunicado oficial emitido el 29 de agosto de 2005, informó que “...todas las investigaciones concluyen que Argentina Barrera Flores [y otros cinco funcionarios de instrucción] violaron las disposiciones contenidas en la Constitución Política, la Ley y el Reglamento de Carrera de Instrucción Judicial, en lo que respecta al principio de legalidad, ética judicial, deberes y prohibiciones de los servidores del Ministerio Público”.
El mismo documento informó que la actuación de los servidores sancionados había “afectado la imagen y respetabilidad de la institución, contrariando los principios de confianza, buena administración y moralidad administrativa”.
La Prensa, en su edición del día siguiente, dio cuenta de dicha noticia, dando el contexto informativo a sus lectores, ya que, con la destitución de la fiscal Barrera, sumaban siete el número de fiscales destituidos.
En la misma edición, el periódico incluyó la versión completa de Argentina Barrera, quien alegó ser inocente y anunció que recurriría la decisión.
No fue sino hasta el 23 de agosto de 2006, un año más tarde, cuando la fiscal Barrera acudió ante los órganos jurisdiccionales y formuló sus acusaciones contra La Prensa.
La condena a Corporación La Prensa fue dictada por la juez segunda civil, Miriam Cheng de Aguilar, y en ella se le ordenó, además, pagar 51 mil dólares en costos legales y publicar el texto del fallo.
Criterio subjetivo de la juez A juicio del presidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Rodríguez, la condena a Corporación La Prensa plantea un problema de apreciación judicial.
Según su criterio, la juez debió determinar, primero, si la forma en que se presentó la noticia concurrió en un delito que afectó realmente a la demandante.
Dijo que se trata de un criterio de carácter judicial, que tendrá que ser revisado en una segunda instancia y hasta en una casación por la Corte Suprema.
“...Ese es un criterio subjetivo de ella (la juez)”, dijo al referirse al hecho de si las noticias de La Prensa afectaron o no a la fiscal Barrera.
