Una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo que le da más poderes al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Transparencia Contra la Corrupción, fue presentada ayer ante la Corte Suprema de Justicia.
La demanda la presentó el ex magistrado Edgardo Molina Mola, quien sostiene que el Decreto Ejecutivo 232 del 21 de julio de 2009 “viola” artículos de la Constitución.
Explicó que al secretario ejecutivo, Fernando Núñez Fábrega, se le otorgó mediante ese decreto la facultad de realizar de oficio o por denuncia pública, investigaciones administrativas sobre hechos que puedan constituir actos de corrupción.
De acuerdo con el jurista, estas son atribuciones del Ministerio Público establecidas en la Constitución. “El Ministerio Público cuenta con tres fiscales para perseguir el delito de corrupción”, dijo. Además, tiene funciones que le corresponden a la Contraloría, como realizar investigación por acto de peculado. Se trató de obtener la versión de Núñez, sin éxito.
