El anteproyecto que pretende regular contenidos en los portales de internet y redes sociales, “viola flagrantemente preceptos consagrados en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, pues implica una censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre contenidos de internet”.
Así lo plantearon ayer el Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas por las libertades de Expresión e Información en un comunicado.
Las dos organizaciones consideran, entre otras cosas, que la ambigüedad en la redacción de la propuesta impulsada por el diputado Melitón Arrocha, favorece un criterio subjetivo a la hora de solicitar que se eliminen referencias de internet, sin necesidad de aportar pruebas que las justifiquen y sin la intervención de instancias judiciales que garanticen el debido proceso de las partes.
Plantean que la propuesta lesiona el derecho a la memoria que tienen todos los ciudadanos, reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Nuestras organizaciones rechazan de plano todo intento que busque limitar de cualquier forma los derechos fundamentales de los ciudadanos, imprescindibles para la sostenibilidad de la democracia”, añaden.
INTERNET, A MERCED DE LA CENSURA
El anteproyecto de ley para el Derecho al olvido obligará a los portales de internet a borrar información de cualquier persona que se siente afectada, aparte de vulnerar la libertad de expresión, limita las capacidades especiales de internet, como herramienta única de transformación para buscar, recibir y difundir información.
Así lo ha planteado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, que en su informe “Una perspectiva sistemática digital” ha concluido que estas restricciones [el derecho al olvido] no solo impactan al ciudadano, sino al funcionamiento mismo de la red.
“(...) una determinada medida restrictiva puede parecer leve si se le estudia solamente desde la perspectiva de la persona afectada. Sin embargo, la misma medida puede tener un impacto realmente devastador en el funcionamiento general de Internet y, en consecuencia, en el derecho a la libertad de expresión de todo el conjunto de los usuarios”, alerta el mencionado informe.
Catalina Botero, ex relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, quien ya advirtió que la iniciativa legislativa que impulsa el diputado Melitón Arrocha “vulnera abiertamente el derecho a la libertad de expresión”, profundiza sobre este asunto.
“Es claro que de aceptarse la existencia del derecho al olvido digital, la afectación para el funcionamiento de internet sería completamente desproporcionada”.
Botero opina, además, que si bien es cierto que el anteproyecto establece que la información solo deberá ser eliminada si causa un “perjuicio irremediable”, quien debe evaluar si el perjuicio se causa es la propia empresa.
“Si considera que ello no es así y no elimina la información se verá sometida al proceso que la ley establece y al pago de perjuicios que implicaría una decisión que, a juicio de las autoridades, hubiera sido equivocada. Esta tarea, frente a uno o dos casos, podría eventualmente ser asumida.
Sin embargo, lo que puede fácilmente preverse es que, por ejemplo, los medios de comunicación se verán inundados con decenas de miles de solicitudes imposibles de procesar de manera oportuna y a eventuales sanciones millonarias”, argumenta la exrelatora.
DE LA PROPUESTA
La iniciativa legislativa presentada al pleno de la Asamblea Nacional por el diputado Arrocha, del Partido Panameñista, faculta a cualquier persona para que exija eliminar cualquier publicación personal que considere que menoscabe su derecho a la intimidad, al honor y a la imagen.
La propuesta de Derecho al olvido abarca datos, información, dibujos, imágenes, videos, archivos de audio, animaciones, entre otros, que sean subidos a la red. “El presente proyecto de ley viene en promover una idea largamente debatida tanto en Europa como en los Estados Unidos, y que constituye lo que la doctrina ha denominado el ‘derecho al olvido’.
La legislación obligará a los portales de internet a borrar los datos de la persona, de forma inmediata y completa, si esta lo reclama de forma explícita y que no existe ninguna razón legítima para retenerlos”, argumenta el diputado oficialista en la exposición de motivos de la propuesta que tiene 10 artículos.
EN EL MUNDO
Pero el denominado “derecho al olvido”, que se quiere debatir en Panamá, ha generado controversias no solo en Europa, sino también en América Latina.
De hecho, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su asamblea de medio año, efectuada en Punta Cana, República Dominicana, creó una comisión especial para analizar la amenazaque representa.
La SIP comparte el análisis que el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa ha hecho sobre el tema.
La citada agrupación que aglutina a medios como AOL Inc., The Huffington Post, Bloomberg News, Forbes Media, Hearst Corporation, The New Yorker, The Washington Post, The Associated Press, Reuters America, Atlantic Media, entre otros, recriminó una sentencia de la Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia (CNIL), que obligó a Google Inc. a eliminar en todos sus dominios a escala global, aquella información que los usuarios ya no quieran que esté disponible en internet.
Argumentaron, por ejemplo, que la petición de que se borren los datos más allá de la Unión Europea limita significativamente el acceso de información en el mundo. Alegan que el fallo envía una señal a los regímenes represivos y autocráticos en todo el mundo para imponer sus propias restricciones locales sobre la libertad de expresión extraterritorialmente.
UN CASO EN MÉXICO
En México, por ejemplo, el tema sobre Derecho al olvido está en debate desde comienzo de 2015, cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) inició un proceso contra Google México, porque no atendió una solicitud de un comerciante que pidió retirar información que consideraba que le afectaba.
De acuerdo con un recuento que hizo sobre el caso María Elena Meneses, profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey, en CNN Expansión, todo comenzó cuando los medios mexicanos reportaron que esta persona donó aulas móviles a la fundación de la esposa del expresidente Vicente Fox, y pretendía que esos datos fueran borrados de internet.
Google México dijo que ese asunto era responsabilidad de Google Inc., ubicada en Estados Unidos. Pero el IFAI determinó que Google México es una empresa legalmente constituida en México y en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares era responsable del tratamiento de datos personales.
“El punto controversial alrededor del derecho al olvido es si en países con bajos niveles de desempeño en transparencia y elevados niveles de corrupción, el olvido digital acabará protegiendo a políticos, empresarios o ciudadanos envueltos en actos de corrupción y conflicto de interés.
Resolver el borrado, sin antes ponderar las implicaciones en la vida pública, puede afectar el derecho a la información y convertirse en un acto de censura”, asegura Meneses en su análisis.
El tema en México no quedó allí. Ahora se pretende incluir el derecho al olvido a nivel constitucional. Es una controversia que enfrenta a varios sectores de esa nación.
Pero en Panamá, el tema, incluso, impactó a los propios ciudadanos en las redes sociales. “Aquel que se conduce en su vida por la recta vía no requiere de derecho al olvido. Dejen de legislar sobre payasadas y pónganse a trabajar”, escribió Alessio Gronchi en Twitter.
“Si un corrupto o sinvergüenza se siente afectado por una publicación, habría que borrarla. Genio el proponente”, opinó Juan F. Monterrey en la misma red social.
ARROCHA INSISTE
El diputado Arrocha, en tanto, dijo ayer que el proyecto excluye a todo lo que tenga que ver con el quehacer político, y de gobierno.
“Se tutelan ambos derechos salvaguardando la libertad de expresión, pero por el otro atendiendo la vida de los ciudadanos y de los particulares que no tienen interés público, víctimas de inescrupulosos”, dijo.
¿Cómo se interpreta eso si en el proyecto no se explica a qué se hace referencia con interés público?, le consultó este medio. Y respondió así: “Bueno, sería, a mi juicio, un poco complicado efectuar todas las posibles causales de cómo se define interés público, y por supuesto le corresponderá a las autoridades que administren esta norma ir elaborando reglamentaciones al respecto y, por supuesto, en su momento la Corte emitirá la jurisprudencia que corresponda”.
“El proyecto no está escrito en piedra, si compartimos este criterio general, entonces podremos encontrar el texto que le dé la seguridad a la sociedad de que no vamos a vulnerar la libertad de expresión, pero que al mismo tiempo atendemos una necesidad que para miles de panameños es importante”, añadió.
Y concluyó diciendo: “Yo presenté una humilde propuesta. Yo creo que yo no voy a ser el único que va a participar del debate y creo que todos los medios de comunicación tienen que estar ahí para salvaguardar que la libertad de expresión continúe tan viva como existe en Panamá hoy… ”.
Tres escenarios peligrosos, según organizaciones
A juicio del Consejo Nacional de Periodismo y del Fórum de Periodista por las libertades de Expresión e Información, el anteproyecto de ley que busca regular contenidos en portales de internet y redes sociales presenta tres escenarios que riñen con disposiciones que garantizan el libre ejercicio de la libertad de expresión. Cuestionan la ambigüedad de la redacción de la iniciativa, ya que consideran que favorece un criterio subjetivo a la
hora de solicitar que se eliminen de internet referencias sin necesidad de aportar pruebas que así lo justifiquen. Argumentan que, de ser aprobado, empresas y contratistas del Estado, cuyas obras sean cuestionadas, podrán exigir que información sobre esos hechos sea eliminada de internet.
Agregan que el hecho de que la propuesta sea aplicada extraterritorialmente, implica que tendría alcance fuera del país y, con ello, jefes de gobierno, dictadores e incluso particulares que cometieron actos de corrupción “podrán ocultar al mundo sus fechorías”. Y argumentan que lesiona el derecho a la memoria que tienen los ciudadanos, reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dice que este derecho es aquel que tiene toda la sociedad en función del conocimiento de su historia. “Nuestras organizaciones rechazan de plano todo intento que busque limitar de cualquier forma los derechos fundamentales de los ciudadanos”, dicen.
