La Red de Derechos Humanos de Panamá manifestó este lunes 7 de octubre su rechazo a lo que consideró un "ataque politiquero" a la Defensoría del Pueblo.
En conferencia de prensa, integrantes de esta Red indicaron que la Defensoría "no es una bolsa de trabajo para militantes políticos" ya que se trata, más bien, de un mecanismo nacional especializado en la protección de los derechos humanos.
"La Defensoría del Pueblo no es de ningún partido político, de ningún Gobierno, de ningún Defensor o funcionario; es del pueblo, de las defensoras y defensores de los derechos humanos”, expresaron, en conferencia de prensa.
El pronunciamiento se da ante el nombramiento de la conocida militante del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Maribel Coco, como defensora adjunta y ante un caso por presunto acoso sexual en contra del actual titular de la institución, Alfredo Castillero Hoyos.
Sobre este último, el pasado jueves 3 de octubre la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional −que preside la diputada del PRD, Zulay Rodríguez− recomendó al pleno legislativo la remoción de Castillero Hoyos como defensor del Pueblo porque supuestamente incurrió en hechos o situaciones "contrarios" a la Ley 7 de 1997.
Al respecto, la Red de Derechos Humanos de Panamá exigió el debido proceso en el caso que pesa sobre el actual Defensor del Pueblo y a la presunción de inocencia. Sin embargo, estimaron que "es vital saber la verdad de las graves acusaciones, en especial a la relativa al supuesto caso de acoso sexual".
Recordaron que este tipo de abuso de poder es "intolerable" y que "nadie está por encima de la ley".
De igual forma, exhortaron al Defensor del Pueblo a que se pronuncie "claramente" ante las graves acusaciones y que tome "acción inmediata" ante los cuestionamientos al nombramiento de Coco en dicha institución.
Expresaron también que, de concretarse la separación del actual Defensor, es "imprescindible" garantizar la autonomía y no injerencia del gobernante PRD en el posible futuro nombramiento.
Los miembros de la Red pidieron que la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia reciba las candidaturas de aquellas personas interesadas en este cargo.
Y así que dicha comisión escoja una lista "corta" de candidaturas que posteriormente envié a la Comisión de Credenciales de la Asamblea para su debida tramitación.
A Castillero Hoyos −quien ha dicho que se le han violado sus derechos y el debido proceso− se le vence el plazo al frente de la Defensoría el 31 de marzo de 2021.
Si el pleno acoge la recomendación de separación del cargo la defensora adjunta asume como defensora encargada, según lo señala la Ley 41 de 2005. Coco ha dicho que tiene la capacidad para ejercer esa posición.
Por su parte, a través de un comunicado la Federación Iberoamericana del Ombudsman solicitó a las autoridades legislativas panameñas que garanticen y respeten el cumplimiento de los principios de "independencia y autonomía" en el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.
