Uno para todos y todos para uno. Esta parecía ser la consigna entre el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia Jaén y los empresarios Roberto Carretero, Carlos Caneto Araúz y Juan Carlos Marciaga para distribuirse las ganancias de las compras de bolsas de comida a través de la citada entidad, adscrita a la Presidencia.
El informe de auditoría de la Contraloría General de la República relacionado con el proceso de compra y entrega de las bolsas de comida revela que estos tres empresarios obtuvieron más de $16 millones en órdenes para la compra de estas mercancías; es decir, casi la mitad del total de la lesión patrimonial causada al Estado en este proceso, calculada en $33.2 millones.
Guardia Jaén acumuló millones de dólares y los depositó a través de sus sociedades en cuentas bancarias.
En total, el informe destaca que durante el período que abarca la auditoría –de enero de 2010 a junio de 2014– se emitieron por parte del PAN mil 540 cheques para la adquisición de bolsas de comida por un total aproximado de $191.9 millones. Se compraron más de 1.3 millón de bolsas de comida.
No obstante, el informe de los auditores de la Contraloría precisa que “solo consideramos” aquellos cheques que fueron autorizados a través de la Dirección Ejecutiva a cargo de Guardia Jaén, entre 2012 y 2014.
La auditoría revela que, según testimonios dados por funcionarios del PAN, “mucha documentación desapareció de la entidad, por órdenes que giraba el señor Rafael Guardia Jaén”.
Asimismo, los funcionarios declararon que las actas de entrega de mercancía eran firmadas en blanco y elaboradas previamente por Guardia Jaén, que incluía la firma del proveedor.
Se recoge el testimonio de Mario César Vargas, quien ocupaba el cargo de oficinista-almacenista en el PAN, quien al preguntársele por qué razón firmaba las actas en blanco, manifestó: “cumplía órdenes de Rafael Guardia. Me enviaban las actas con un mensajero y procedía a firmarlas, sin embargo, desconocía el destino final”.
El destino final de las bolsas era incierto. La auditoría concluye que por parte de las empresas de Araúz, Marciaga y de Carretero no existen elementos suficientes que acrediten que las bolsas de comida fueron entregadas al PAN o a los beneficiarios finales, toda vez que la documentación que reposa en los expedientes no contiene información íntegra ni confiable.
El informe también destaca la ausencia de documentos en los que conste la participación de la Secretaría de la Presidencia de la República, a la que correspondía monitorear y evaluar los programas que ejecutaba el PAN.
LOS VÍNCULOS
Guardia Jaén declaró a la Fiscalía Cuarta Anticorrupción –que lleva las investigaciones por este caso– que “cada vez que las bodegas” del PAN se quedaban sin mercancía –bolsas de comida– tenía que comunicarle a Adolfo Chichi de Obarrio, quien fungía como secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, “para que diera la instrucción a quién tenía que comprarle las bolsas de comida”.
Una vez recibida las instrucciones, que provenían del propio expresidente Martinelli, ya Guardia Jaén sabía a quién tenía que comprarles. Procedía a llamar a su asistente, Abraham Williams, “quien era mi mano derecha encargado de hacer los cuadros”.
Las compras eran para las empresas de Roberto Carretero, Carlos Caneto Araúz y Juan Carlos Marciaga.
Guardia Jaén contó que estos tres empresarios tenían más de 16 sociedades distintas inscritas en el PAN y ellos, Marciaga, Araúz y Carretero, “se intercambiaban las empresas, por ejemplo, Marciaga tenía más de 16 empresas, de las cuales él escogía cuál participaría en los diferentes actos”.
Sobre esta irregularidad, la auditoría “determinó que los proveedores crearon empresas, las cuales alternaban para participar en el proceso de compra y contrataciones, a fin de desviar los controles existentes en el proceso de contrataciones”.
Asegura que los funcionarios del PAN que tenían conocimiento de todo lo que se estaba desarrollando eran Julio Arosemena, Massiel Heurtemate, jefes del Departamento de Adquisiciones, y Abraham William, su asistente.
PAGOS EN DOS DÍAS
En su indagatoria ante la fiscalía, Heurtemate señaló que Guardia Jaén era quien decidía las empresas; no ella ni el jefe de compras. Tampoco ellos decidían los precios ni las cantidades.
Habló del “recorrido de manos”, que era un procedimiento o clave que usaba Guardia Jaén para que se hiciera el trámite de una orden de compra o cheque con mayor rapidez y no pasara por el proceso normal, que implicaba varias firmas.
Afirmó que el “recorrido de mano” era exclusivo para las órdenes de compra de las empresas de Marciaga, Carretero y Caneto Araúz.
“Los pagos para estos empresarios tenían que salir máximo en dos días, cuando un trámite normal era de dos semanas, esa era una irregularidad constante”, reveló la exfuncionaria del PAN ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción.
APOYO PARA CAMPAÑA POLÍTICA
Araúz, Marciaga y Carretero confesaron en sus declaraciones indagatorias que parte de las comisiones que les pedía Guardia Jaén iban supuestamente destinadas para la campaña presidencial de candidatos de Cambio Democrático (CD).Al ampliar su testimonio el 9 de marzo pasado, Marciaga declaró que “entre 2013 y principios de 2014 el señor Guardia Jaén me pedía apoyo para la campaña política, y siempre insistía en que le hiciera cheques a empresas que ahora observa dentro de la investigación, las cuáles eran cuentas personales de él”.
En efecto, Guardia Jaén acumuló cerca de $20 millones y los depositó en sociedades y bancos. Este dinero fue aprehendido por órdenes del Ministerio Público (MP).
Marciaga precisó que los aportes que hizo a Guardia Jaén a finales de 2013 y principios de 2014, como aportes de la campaña política, sumaron $562 mil.
Indicó que entregó directamente a Guardia Jaén un cheque girado a la cuenta Econobásicos por $2 mil, a nombre de Roxana Méndez, quien era candidata a alcalde de la ciudad de Panamá por CD.
También giró otro cheque por $180 mil a la sociedad Domegge, a nombre de la misma candidata.
Además, declaró que giró otros dos cheques por $10 mil cada uno a nombre de José Domingo Arias, quien era para esa época candidato presidencial de CD. Los cheques los giró a las sociedades Grupo H&R y Mister Roosters.
En tanto, Carlos Araúz confirmó que el exjefe del PAN le pidió dos condiciones: la primera que entregara las bolsas lo más rápido posible y la otra que apoyara a la campaña política.
Mientras que Roberto Carretero destacó que entregó cheques a la cuenta de Guardia Jaén para la campaña política, pero no especificó cantidades ni los nombres de a quienes iban dirigidos los desembolsos.
SOBRECOSTOS Y EXCENTRICIDADES
Un testigo protegido que rindió declaración a la Fiscalía Cuarta Anticorrupción aseguró que las bolsas de comida tenían un sobrecosto de más del 35%. Las bolsas de comida fueron compradas por el PAN en $24.99, incluyendo el costo de distribución, pero en realidad su precio era de $10.49.
“El señor Marciaga tenía un centro de acopio y de distribución en Penonomé. Además, participaba en las ganancias de las ventas y sobrecostos con Adolfo Chichi de Obarrio. Así se realizaban compras todos los meses por un monto de uno o dos millones, eso dependía de la partida que daba el Ministerio de Economía y Finanzas”, dijo el testigo.
El dinero que se derrochaba a través de estas compras de bolsas de comida era utilizado para complacer excentricidades de funcionarios como Rafael Guardia Jaén.
Milagros, otro testigo protegido, narró que pocos meses después de llegar al PAN, Guardia Jaén cambió su estilo de vida: “Cada día llevaba un Rolex diferente, cada día tenía una camisa nueva de diseñador, entre otras excentricidades, carros de lujo que los cargaban los hijos, un bote y una avioneta”. La fiscalía le aprehendió varias propiedades, incluyendo residencias; cuentas bancarias y un yate.
El exjefe del PAN, quien enfrenta otros 11 expedientes en las fiscalías anticorrupción en relación con supuestas irregularidades en el PAN, permanece detenido en la cárcel El Renacer.
Entretanto, sus “socios” en la compra de bolsas de comida: Carretero, Araúz y Marciaga, tienen medidas cautelares de casa por cárcel.
A Marciaga y a Araúz se les aprehendió $2 millones (a cada uno), mientras que a Carretero $1 millón.
