En momentos en que la Asamblea Nacional inicia los debates para determinar si ratifica o no a Ana Lucrecia Tovar de Zarak y Zuleyka Moore como magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el diputado Leandro Ávila contó cómo en el año 2001 se intentó presionar a su partido, el Revolucionario Democrático (PRD), para que avalara la designación de Winston Spadafora y Alberto Cigarruista como magistrados.
Spadafora y Cigarruista fueron designados por la entonces presidenta de la República Mireya Moscoso (1999-2004), del partido arnulfista. Los dos eran allegados al Ejecutivo: Spadafora fungía como ministro de Gobierno y Cigarruista era diputado del partido oficialista y compadre de Moscoso.
En Telemetro Reporta, Ávila narró que en aquella época, siendo secretario de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), fue llamado por una “instancia”, cuyo nombre no relevó, para que hablara con Martín Torrijos, que entonces era secretario general del opositor PRD. El propósito, narró, era de que lo convenciera para que la bancada perredista en el Legislativo votara a favor de la ratificación de Spadafora y Cigarruista.
Torrijos y Ávila -siempre según el testimonio de este último- se reunieron en el restaurante Niko's Café de Calle 50. Allí, el hoy diputado ejerció el papel de "mensajero" -como él mismo reconoció- y le informó a Torrijos que si el PRD no votaba a favor de las ratificaciones, diputados de Veraguas como Freidi Torres y Rubén De León no tendrían oportunidad de reelegirse porque los arnulfistas "le pondrían más plata" a sus candidatos en dichos circuitos.
Añadió que Torrijos enfureció y remarcó el rechazo de la bancada a Spadafora y Cigarruista.
Ávila entonces regresó a la "instancia" que le pidió que hablara con el secretario general del PRD y le informó el resultado del encuentro en Niko's. "Aténganse a las consecuencias", fue -según Ávila- la advertencia que recibió. Y agregó que, en aquel instante, se paralizaron los pagos de contratos de personal de la Asamblea y de los propios diputados perredistas. “Todos los contratos de la gente que estaba en planta, mas los contratos de los diputados, por cuatro meses estuvieron sin cobrar. Bueno, ese tipo de presiones se ejercen”, narró.
PACTOS Y COMPONENDAS
El proceso de ratificación de Spadafora y Cigarruista se gestó a finales de diciembre de 2001 y comienzos de enero de 2002. El Legislativo finalmente los avaló la madrugada del 9 de enero de 2002, luego de un intenso pulseo político y un escándalo que incluso llegó hasta los tribunales de justicia.
La búsqueda de votos desató una serie de acusaciones que, a su vez, destapó la trama de corrupción detrás del contrato ley del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis).
Ese 9 de enero de 2009, la votación en el pleno fue cerrada. Cigarruista obtuvo 36 votos a favor y 35 en contra. Spadafora, 37 a favor y 34 en contra. Los dos contaron con el apoyo de los perredistas Carlos Tito Afú y Tomás Altamirano Fito Duque. Por Spadafora también votó Carlos Titi Alvarado, otro del PRD que luego se convirtió en presidente de la Asamblea Nacional, con el apoyo de la bancada arnulfista.
La supuesta compra de votos en el Legislativo para ratificar a los dos magistrados fue denunciada por la entonces legisladora perredista Balbina Herrera y su copartidario Mateo Castillero. Herrera contó, por ejemplo, que los diputados que votaron a favor de las designaciones, sucumbieron a "maletines, becas y billetes de lotería".
Reveló más. Narró que Afú recibió 1.5 millón de dólares por su voto. Una semana después, Afú contraatacó. En una conferencia de prensa contó que sí recibió plata, pero por orden del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, para votar por el contrato ley del Cemis. Ha sido hasta ahora la única ocasión en que un legislador de la República salía en televisión con un fajo de billetes en la mano, confesando haber sido víctima de un soborno.
Posteriormente, Cigarruista admitiría que sí hubo sobornos en la aprobación del Cemis y que así se lo había informado al entonces procurador José Antonio Sosa, quien -como era de suponer- negó tal confesión.
El caso fue investigado por el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, pero nunca prosperó.
Spadafora y Cigarruista terminaron su período como magistrados de la Corte el 31 de diciembre de 2011. Fueron reemplazados por Hernán De León y Luis Ramón Fábrega, luego de que el presidente de la República de ese entonces, Ricardo Martinelli, los designara.
Cigarruista intentó volver a la Asamblea por el circuito 7-2 (Los Santos, Macaracas y Tonosí) en las elecciones de 2014, en la papeleta del Partido Panameñista. Fracasó en el intento. En enero de 2015, la Corte Suprema de Justicia lo nombró magistrado del Tribunal del Cuentas. Spadafora está alejado de la vida pública.