Siete diputados, sin llamar a testigos a declarar y sin un análisis a fondo, informaron al pleno de la Asamblea Nacional que no habían suficientes pruebas para continuar investigando el supuesto pago millonario a favor de la ratificación de dos magistrados, en el año 2002.
Fue en el recinto de la Comisión de Credenciales donde les tocó escuchar a los asistentes –en su mayoría periodistas– la resolución en la que se ordenaba archivar el expediente, porque no había “pruebas y debido a que el mismo documento se basaba solamente en rumores”.
Minutos antes, los diputados Benicio Robinson, Leandro Ávila y Elías Castillo, todos del Partido Revolucionario Democrático (PRD), habían señalado que no encontraron elementos probatorios para continuar con la investigación. Lo mismo expresaron los panameñistas Manuel Cohen y Ricardo Valencia, así como los diputados de Cambio Democrático Mario Lázarus y Mario Miller, este último presidente de la comisión.
Este grupo de diputados solo necesitó ocho días para tomar esta decisión desde que llegó el expediente a sus manos, el 22 de abril pasado. El caso estaba compuesto por 15 tomos y más de 8 mil páginas.
Según los diputados, de esas 8 mil páginas, nada más 25 tocaban el tema del soborno a diputados para la ratificación de los magistrados a la Corte Suprema Winston Spadafora y Alberto Cigarruista, en 2002.
Indicaron que en el expediente solo había recortes de periódicos de la localidad sobre el escándalo. Cada sustentación de voto tenía el mismo discurso: archivar el expediente.
Al sustentar su voto, Benicio Robinson dijo: “no hay ningún elemento para tan siquiera reabrir el caso”. Antes, Manuel Cohen había dicho: “Las pruebas que hemos estado buscando no existen”.
Los argumentos de los otros cinco diputados miembros de la Comisión de Credenciales fueron casi los mismos.
Todo parecía como previamente arreglado, y al final su veredicto fue recomendar al pleno de Asamblea que archivara uno de los escándalos de corrupción más sonados del país.
El pleno adoptó esa recomendación en tan solo media hora. No hubo debate ni discusión. Los 45 diputados que se encontraban en el recinto, en la última sesión ordinaria de este primer período de sesiones, acataron la recomendación de la Comisión de Credenciales. Nadie se abstuvo y nadie voto en contra.
Esta es una de las pocas veces que tanto los diputados de oposición como los de gobierno votan unánimemente en el pleno legislativo. La votación de los llamados “padres de la patria” generó molestias en varios grupos, y en legisladores de esa época, porque esperaban que en esta ocasión se llegara al fondo del supuesto soborno que estremeció la Asamblea en el año 2002.
La legisladora de esa época Teresita de Arias lamentó la decisión de los diputados, porque no realizaron una investigación a fondo del caso.
Precisó que este caso fue “enterrado” en el año 2002, cuando la mayoría de los legisladores rechazó levantarse la inmunidad para ser investigado. Recordó que en esa sesión, ella, Laurentino Cortizo, Rubén Arosemena, entre otros pocos, decidieron levantarse la inmunidad.
Ahora el expediente será archivado en cualquier espacio del Palacio Legislativo, como cualquier otro documento que pasó por allí. (Con información de Flor Mizrachi y Carlos Alberto Vargas)
Expediente, en la Corte y el MP En la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Oydén Ortega fue escogido –como fiscal– para instruir el sumario que le corresponde a ese órgano del Estado sobre el caso Cemis.
Tal designación surge luego de que el procurador suplente, Giuseppe Bonissi, remitiera las copias del expediente tanto a la Corte como a la Asamblea Nacional a principios de este mes. Ortega ahora deberá elaborar un proyecto para que el resto de los magistrados decida si se admite o no la decisión de Bonissi de remitir copias del expediente.
A la Corte le corresponderá investigar a los diputados que resulten implicados por la denuncia de que hubo soborno para aprobar el Cemis, en 2002. En tanto, en el Ministerio Público, al cual le corresponderá investigar a todos los “civiles” que pudiesen estar implicados en el caso, se está a la espera de que el Tribunal Electoral certifique cuáles de las 42 personas mencionadas en las investigaciones mantienen fuero electoral.
