La Corte Suprema tendrá que valorar las medidas cautelares impuestas a tres miembros de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), ya que los afectados presentarán recursos de hábeas corpus e incidente de controversia contra la decisión adoptada por el fiscal superior especial, Dimas Guevara.
Silvio Guerra, abogado de los directores Guillermo Puga y Manuel De Jesús Tajú, dijo que presentará un incidente de nulidad contra la orden de indagatoria y la separación del cargo de sus clientes. La otra directora con medidas cautelares es Lastenia Canto.
También consideran presentar recursos de hábeas corpus, ante la posibilidad de que el fiscal Guevara ordene la detención de alguno de los indagados. Hasta ahora, todos han comparecido voluntariamente a su despacho.
En junio de 2007, el fiscal aplicó medidas cautelares a los ex directores de la CSS Juan Jované, René Luciani y Rolando Villalaz, a quienes formuló cargos por el envenenamiento masivo con dietilene glycol. Esta decisión fue posteriormente revocada por la Corte.
La fiscalía formuló cargos contra Puga, Tajú y Canto, bajo el argumento de que tenían conocimiento de las malas condiciones del laboratorio de producción de medicamentos, y aún así, no ordenaron su cierre.
Este es el mismo argumento utilizado por el fiscal para formularles cargos a siete personas que en el año 2006 (cuando estalló el escándalo de los envenenamientos masivos) eran miembros de la junta directiva de la CSS; tres de ellos (Puga, Tajú y Canto) todavía son directores, por lo que ordenó su separación.
Si la Corte revoca la decisión adoptada por Guevara sobre la separación de Puga, Tajú y Cantó, los tres podrían regresar a la CSS.
Puga, en su indagatoria, alegó que la junta directiva nunca ordenó la compra de la glicerina (que resultó ser dietilene glycol) con la que se fabricarían los medicamentos. Sostuvo que incluso la junta directiva solicitó un informe sobre las condiciones del laboratorio de producción de medicamentos, pero que este documento nunca se les entregó.
Puga (que al igual que los otros seis directores, también tiene prohibido salir del país) consideró que la decisión de separarlo del cargo tiene “razones políticas y no judiciales”.
En su caso, se le está “pasando una factura” por oponerse al uso de los fondos de la CSS para aumentar la pensión de los jubilados.
Entre los ex directores que tienen medidas cautelares por orden del fiscal, está José Agustín Preciado, quien no era miembro de la junta directiva de la CSS cuando ocurrieron los envenenamientos. Preciado aseguró que fue miembro de ese organismo desde el año 1998 hasta 2003.
