La magistrada Graciela Dixon es la tercera mujer que ocupa la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras ser electa la mañana de ayer.
La primera fue Marisol Reyes de Vásquez, quien presidió ese órgano del Estado entre 1985 y 1989. La otra presidenta fue Mirtza Franceschi de Aguilera, de 2000 a 2001.
Dixon derrotó en la votación a su contendor, el magistrado Aníbal Salas, cinco votos contra cuatro. Ella fue nombrada magistrada de la CSJ el 1 de enero de 1997 por el entonces presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares.
Antes de ser designada, fue candidata para ocupar la Defensoría del Pueblo. También fue miembro de la directiva de la Autoridad de la Región Interoceánica.
Finalizará su período como magistrada en la Corte en diciembre de 2007.
Dixon, graduada de bachiller en ciencias en el Colegio Abel Bravo, en 1973, tiene la difícil misión de devolver la credibilidad que el Órgano Judicial ha perdido en los últimos años.
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, cuenta además con un posgrado en Derechos Humanos que obtuvo en la Universidad Santa María La Antigua.
La magistrada Dixon fue noticia hace poco, cuando se informó en varios medios que se le había negado la visa de entrada a Estados Unidos. Días después, en un programa de televisión, la magistrada aclaró que no se le había suspendido ni negado la visa.
Aseguró que nunca se le había retirado el documento, "ni siquiera cuando representé a las víctimas de la invasión estadounidense".
Al referirse a la elección de los nuevos dignatarios de la Corte, Dixon dijo que se trató de un acto realizado en un ambiente de orden, fraternidad, espíritu colectivo y de integración, pese a que la imagen de la alta corporación de justicia pasa por uno de los momentos más difíciles de su historia.
Dixon, quien asumirá el cargo el 2 de enero de 2006, señaló que "mi principal compromiso es hacer el mayor esfuerzo para transformar la justicia y ponerla al alcance de toda la sociedad".
Agregó que espera contar con el apoyo de los medios de comunicación, los cuales tienen un papel importante en la difusión de la justicia.
Se comprometió a ejecutar los acuerdos que resultaron del trabajo de la Comisión de Estado por la Justicia, esencialmente lo que tiene que ver con la modernización de la administración y acceso a la justicia.
"Voy a trabajar con una agenda que vamos a estructurar, en los dos meses y medio que nos quedan, no se trata de una agenda mía, sino de una institucional y aspiro a integrarla con los demás magistrados".
