El Ejecutivo manejará más de la mitad del presupuesto destinado a la implementación del sistema penal acusatorio, que tuvo su origen en el Pacto de Estado por la Justicia.
Para la puesta en marcha de dicho sistema de justicia –que entrará a regir a mediados de 2011 en Coclé y Veraguas–, el Estado pretende invertir 37.9 millones de dólares, de los cuales 21.9 millones estarán en manos del Ejecutivo, 8.7 millones en el Órgano Judicial y 7.2 millones en el Ministerio Público.
De los 21.9 millones de dólares que tendrá el Ejecutivo, 20 millones serán manejados por el Ministerio de la Presidencia, a través de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).
El resto del dinero, $1.9 millón, fue distribuido entre otras instituciones que componen el Ejecutivo, como el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Gobierno, el Sistema Penitenciario y la Policía Nacional.
Hace dos meses el presidente de la República, Ricardo Martinelli, creó una comisión de coordinación para la implementación del sistema penal acusatorio en Panamá, la cual sería la responsable de supervisar la adecuada ejecución de los procesos que conllevan la puesta en marcha del Sistema Penal Acusatorio.
El ente coordinador de la comisión es la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) –asistida por personal jurídico y administrativo– el cual se encargará del diseño e implementación de la parte tecnológica. Además, tendrá una base de datos e información de todas las instituciones involucradas en los procesos de justicia.
Sin embargo, algunos consideran que no es correcto que la mayor parte del presupuesto e información de un proyecto de carácter judicial esté bajo el paraguas del Órgano Ejecutivo.
Según Roberto Bruneau, del Comité Ecuménico y unos de los garantes del Pacto de Estado –en el que nació el sistema acusatorio–, en esta administración se ha abusado del poder presidencial para controlar ciertas cosas. “Lo ideal sería que al ser un proyecto que tiene que ver con el sistema de justicia, fuera manejado en su totalidad por los mismos representantes del sistema, como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. No por la Presidencia”, agregó.
Al igual que el representante del Comité Ecuménico, Maribel Jaén, directora de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia católica, sostiene que la implementación tecnológica debe ser llevada a cabo por las instituciones “realmente vinculadas a la aplicación de la justicia”.
“Pienso que se debió distribuir mejor el recurso, ya que precisamente en el Órgano Judicial y en el Ministerio Público es donde se van a dar las transformaciones judiciales”, aportó.
La oposición coincide con Bruneau y Jaén. Incluso, señalan que no es la primera vez que el Ministerio de la Presidencia quiere tener injerencia y controlar el presupuesto de asuntos que no le competen.
Juan Carlos Arosemena, diputado opositor y uno de los que más ha criticado la gestión presidencial, dijo que Martinelli quiere tener más control sobre la administración pública, desde el Palacio de las Garzas.
Mencionó como ejemplo la Secretaría de la Cadena de Frío que está bajo el mando del Ministerio de la Presidencia, cuando debería estar bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.
También usó como modelo la Secretaría del Metro, cuya responsabilidad, a su juicio, debería ser del Ministerio de Obras Públicas. “Además, vemos que los útiles escolares y las mochilas están bajo la Presidencia, cuando deberían estar a cargo del Ministerio de Educación”, acotó Arosemena.
La Presidencia informó que como la implementación del sistema penal acusatorio requiere sobre todo de tecnología, la Autoridad de Innovación coordinará con todas las instituciones del Estado la parte técnica de este programa judicial.
VOCES CALIFICADAS
"El sistema acusatorio lo tienen que liderar la Corte y el Ministerio Público. Es contradictorio que el Ejecutivo tenga los fondos”. Ana Matilde GómezEx procuradora de la Nación
