El Ejecutivo objetó –de forma parcial– el proyecto de ley No. 10 que modifica y adiciona artículos a la Ley 45 de 2007 sobre protección al consumidor y que establece el uso de los estacionamientos gratuitos. Se trata de los artículos 2 y 5 (por inexequible e inconveniente) y el 3 y 4 (por inconveniente). Así las cosas, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, envió una carta a Adolfo Valderrama, diputado presidente de la Asamblea Nacional, el pasado 9 de marzo, con algunas consideraciones generales. En la misiva, el Ejecutivo señaló que, si bien es cierto que el problema de los estacionamientos en las zonas urbanas del país reviste de interés general, el análisis del proyecto de ley No. 10 deja claro que las disposiciones que se adoptan allí no siempre resultan suficientes para promover dicho interés. Según el Ejecutivo, en el proyecto no se estimula, en el campo específico de los estacionamientos de locales comerciales, la construcción de más estacionamientos por metro cuadrado de construcción que los exigidos ya por las normativas. Tampoco se disponen de las reglas para facilitar otras formas de acceso que beneficien a ciudadanos sin automóvil. El artículo 2 del citado proyecto también parece dirigido a "frenar" lo que se entienden son ganancias excesivas. El Ejecutivo estimó que determinar si las ganancias de los propietarios de estacionamientos rentados son excesivas o no es asunto que exige una información con la que no parece que se ha contado: la inversión realizada y los retornos de la inversión en un periodo de tiempo determinado.“Parece que se ha partido de la premisa de que la actividad en sí es ilegítima y por ello se trata de desestimular haciéndola económicamente poco atractiva”.En cuanto al artículo 3, el documento indica que no se señala con claridad la autoridad a la que le debe corresponder la fijación del tope de precio de los estacionamientos.Por otro lado, advirtió que el numeral cinco del citado artículo no es razonable y, por lo tanto, resulta inconveniente que el mecanismo de proporcionar seguridad mediante cámaras de vigilancia se imponga como obligatoria.Según el Ejecutivo, resulta conveniente, por otro lado, que quede claramente señalada la responsabilidad de quienes brindan estos servicios de estacionamiento de ofrecer a sus clientes seguridad para sí y para sus bienes, incluido el mismo automóvil.
El proponente, el diputado Leandro Ávila, había advertido de "presiones" del sector privado para que el Ejecutivo "vetara la ley".La Cámara la Cámara de Comercio e Industrias y Agricultura de Panamá planteó desde un inicio que el proyecto atentaba con el libre comercio y la competencia, así como con uso y disfrute de la propiedad privada.
