Los cinco directivos de la empresa AES Panamá, responsables del manejo de la represa Bayano, a quienes la Fiscalía Auxiliar formuló cargos por el delito contra la seguridad colectiva tras las inundaciones en El Llano de Chepo, en diciembre pasado, decidieron callar ante el Ministerio Público.
De hecho, su abogado defensor Rogelio Cruz anunció ayer que en las “próximas horas” presentará un incidente controversia contra las cinco indagatorias ordenadas por el fiscal Dimas Guevara, las cuales estaban supuestas a realizarse ayer, hoy y el próximo lunes.
Según Cruz, contra sus representados no hay ninguna evidencia que pruebe la comisión de un delito.
Para ayer estaban previstas las indagatorias de Sujai Smith, coordinadora del Plan de Acción durante Emergencias, y de Francisco Pousa Delgado, líder de Operaciones de la represa.
Hoy deben comparecer el gerente de la planta Erasto Rodolfo Espino y el gerente general encargado Jaime Tupper.
Para el lunes, finalmente, está fijada la indagatoria del director de Operaciones, Rodolfo Antonio Cabello.
El fiscal Dimas Guevara confirmó que Smith y Pousa se acogieron al artículo 25 de la Constitución, que establece que nadie está obligado a declarar en su contra en un proceso penal.
La fiscalía atribuye a los ejecutivos de AES Panamá no haber “tomado a tiempo” la decisión de evacuar a los residentes de El Llano de Chepo, quienes viven en las inmediaciones de la represa de Bayano y cuyas viviendas quedaron inundadas en diciembre pasado.
Según Guevara, los ejecutivos aguardaron a que la presa alcanzara su máxima capacidad para ordenar la evacuación de la zona, con lo cual no atendieron las reglas, normas, protocolos y aplicaciones que deben ser tomadas en consideración en un plan de emergencia, no solo para evitar muertes sino daños a terceros.
Sostuvo que hubo un atraso en la toma de decisiones por parte de los trabajadores y operadores de la empresa AES Panamá, que mantenían el control de la planta generadora de electricidad.
