Las compuertas de la represa Bayano fueron abiertas cuando esta se encontraba a su máxima capacidad –en diciembre de 2010–, debido a que residentes de El Llano de Chepo se negaban a abandonar sus casas.
Así lo dijeron dos de los cinco ejecutivos de la empresa AES Panamá, acusados por la Fiscalía Auxiliar de la supuesta comisión del delito contra la seguridad colectiva, por las inundaciones en El Llano de Chepo en diciembre pasado, que dejaron más de 5 mil personas afectadas y miles de dólares en pérdidas materiales.
Al rendir declaración indagatoria esta semana ante la Fiscalía Auxiliar, los ejecutivos de AES Sujai Smith y Francisco Pousa coincidieron al explicar que cuando la compañía decidió abrir las compuertas de la presa, antes de que esta llegara a su capacidad máxima, las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil les informaron que 40% de la población se resistía a abandonar sus casas, y que si se procedía a abrir las puertas podían perderse muchas vidas.
En diciembre pasado, fecha de la inundación, Smith era la coordinadora del plan de acción de emergencia; mientras que Pousa se desempeñaba como líder de Operaciones.
Por su parte, el gerente encargado de la represa, Erasto Espino, rindió indagatoria ayer y aclaró que él había salido de viaje el 4 de diciembre y regresó el 8 de diciembre, por lo que no estuvo presente en el lugar al momento de la inundación.
Espino deberá continuar hoy con la diligencia, mientras que el gerente general encargado de la empresa, Jaime Tupper, fue citado para el próximo 23 de junio.
Según Rogelio Cruz, abogado de los ejecutivos, estos cumplieron con el plan de acción de emergencia.
Y mientras los ejecutivos de AES acudían a declarar esta semana, los afectados por las inundaciones se reunieron con el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, para que sea mediador y los ayude a que se les retribuya lo que perdieron durante estos sucesos.
