La decisión del procurador suplente, Giuseppe Bonissi, de desconocer el contrato que obtuvo en una licitación internacional la consultora boliviana Aguilar y Asociados –para la ejecución del Programa de Protección de Víctimas y Testigos–, está a punto de generar un conflicto diplomático entre Bolivia y Panamá.
El embajador de Bolivia en Panamá, Edgar Solíz, reaccionó ayer molesto por la decisión del procurador Bonisssi de no considerar ni firmar el contrato por 251 mil dólares con la consultora boliviana.
Dijo que esperará a que se reconozca por la vía diplomática el contrato que obtuvo Aguilar y Asociados, antes de llevar el caso a otras instancias panameñas y extranjeras.
Solíz aseguró que la semana pasada pidió una cita con la secretaria del procurador Bonissi para exponerle su punto de vista sobre la queja que plantea Aguilar y Asociados. Explicó que, posteriormente, la secretaria de Bonissi lo llamó para cancelar la reunión.
Negó que esté presionando al procurador Bonissi, como este denunció recientemente.
“Solo lo he llamado en una ocasión y fue a través de su secretaria”, explicó el diplomático.
“No creo que estoy presionando”, señaló Solíz, quien explicó que el objetivo de reunirse con el Procurador suplente es para exponerle su preocupación por la seguridad jurídica, y pedirle que corrija su error de no firmar el contrato que obtuvo Aguilar y Asociados.
La consultora boliviana había sido contratada para ejecutar el programa de Protección de Víctimas y Testigos, y formar a 30 funcionarios del Ministerio Público que estarían al frente de este, dentro de lo que será el nuevo sistema penal acusatorio, pero hace una semana el procurador suplente, Giuseppe Bonissi, dijo que no firmaría el contrato y dio por finalizada la relación con Aguilar y Asociados, alegando que el monto de la consultoría por 251 mil dólares era muy elevada, en particular los salarios que devengarían los consultores panameños.
