La Presidencia de la República tomó ayer el caso donde la empresa La Reserva denunció el pedido de 100 mil dólares a cambio de la aprobación de un estudio de impacto ambiental en la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).
El dueño de la empresa, Petter Fisher, y su esposa se reunieron con la viceministra encargada de la Presidencia, Lucía Chandeck, para reiterar la acusación contra Francisco Garzón, asesor del despacho superior de la Anam. El administrador de la Anam, Javier Arias, estuvo ausente de este encuentro.
Según los representantes de la empresa, Garzón les propuso en una reunión en su residencia, ubicada en Coco del Mar, agilizar la aprobación de dos estudios a cambio de dinero.
Garzón negó a La Prensa haberle pedido dinero y anunció que interpuso una querella contra Fisher y todos los representantes de la compañía.
“Voy a demostrar que esto es falso”, reiteró Garzón tras sostener que el ataque puede venir de “enemigos” que tiene a lo interno de la Anam.
Aceptó que se reunió en varias ocasiones con los representantes de La Reserva por pedido de la subadministradora de Anam, Melanie Castillo, pero aseguró que nunca fuera de la institución.
Paralelamente a la reunión ayer, en el Palacio de las Garzas, un equipo de la Secretaría Anticorrupción se presentó a las oficinas de Anam para iniciar una investigación.
En tanto, el administrador de Anam dijo que está tomando algunas acciones por su propia cuenta, entre ellas el envío de una carta a la Procuraduría General de la Administración con el detalle de todas las medidas que ha tomado desde que el pasado lunes el empresario Fisher le presentó la denuncia en su despacho.
Arias también aceptó que los estudios de la empresa La Reserva y Ardan International han tenido un retraso superior al tiempo promedio.
El dueño de ambas empresas, Petter Fisher, reiteró su denuncia ayer ante varios medios de comunicación y dijo que le causaban preocupación los obstáculos que se le ponen a la inversión privada. “Esto perjudica al país”, agregó.
El gerente general de la empresa, Armando Silvestre, fue más directo y dijo que la denuncia que estarán presentando en los próximos días a las autoridades judiciales no solo abarcará al asesor Garzón, sino también al administrador Arias y a la subadministradora, Melanie Castillo, y otro de sus asesores, Phillip Lee Mullenbruch, por ser responsables del manejo de la institución.
