Miembros de la Comisión de Estado por la Justicia hicieron entrega del informe final sobre las entrevistas que realizaron la semana pasada a los 10 finalistas a magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
La delegación fue encabezada por Rigoberto González, procurador de la Administración y coordinador de la comisión.
González dijo que el informe refleja las entrevistas que efectuaron a cada uno de los aspirantes de manera pública y "transparente".
"Ya cumplimos", dijo el procurador refiriéndose a la misión que le ordenó al Ejecutivo.
El documento fue recibido por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, y Salvador Sánchez, director del Departamento de Asesoría Legal de la Presidencia.
No estuvo presente el presidente Juan Carlos Varela, quien concluyó este miércoles, 2 de diciembre, su gira oficial a París, Francia.
"Lo que tienen que hacer con el informe es analizarlo y estudiarlo", dijo González.
En tanto, Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia y miembro de la comisión, dijo que no se debe crear "falsas expectativas" puesto que la Comisión tiene claro que existe un "mandato constitucional" de que el Presidente y el Consejo de Gabinete eligen a los magistrados.
Sin embargo, dijo que la Comisión hizo la tarea, que fue "entregarle a la población la oportunidad de conocer el pensamiento, el todo de voz y figura del candidato".
Entre las observaciones a cada candidato están las siguientes (el documento completo puede leerse aquí):
César Augusto Moreno Almanza: No se recibió por parte de la ciudadanía ni del público presente ningún señalamiento ni mención de hecho, denuncia o proceso de investigación.
María Eugenia López Arias: El día de su entrevista, uno de los presentes hizo del conocimiento un documento en el que consta la denuncia que dijo haber interpuesto contra López por posible falta a la ética. La aspirante había previamente informado a la Comisión del expediente referente a este tema, que no ha sido resuelto por la Corte. Igualmente, entregó una certificación de la secretaría general de la CSJ en la que consta que no existe proceso por falta a la ética contra la entrevistada.
Ana Zita Rowe López: La Comisión recibió -tanto de parte de la aspirante como de una persona presente en la audiencia- documentación relacionada con una denuncia por falta a la ética, que ya se encuentra archivada.
Ángela Russo Mainieri: Ausencia de sanciones e investigaciones de tipo éticas o penales declaradas por la aspirante.
Guillermo Márquez Amado: Hubo un señalamiento de su desempeño como liquidador de Fotokina. La respuesta dada respecto a este cuestionamiento no fue satisfactoria ni consecuente con el nivel de detalles brindados hasta ese momento de la entrevista.
Cecilio Antonio Cedalise Riquelme: Manifestó que hacía 20 años había sido acusado de un hecho por razón del ejercicio de sus funciones, del cual había sido sobreseído. Se le presentó una imagen en las que se apreciaban dos personas portando lo que aparentan ser armas de fuego; él reconoció que uno era su hijo. Preocupa a la Comisión su vínculo tan directo con uno de los integrantes del ente nominador (es asesor del ministro de Trabajo, Luis Carles).
Vasco Torres De León: Reconoce ser miembro inscrito del Partido Popular, parte de la alianza de Gobierno; manifiesta que renunciaría al mismo después de darse su designación por el Ejecutivo. Tal aseveración contrasta con el clamor ciudadano que señala "renuncian hoy, para ocupar el puesto mañana".
Octavio Del Moral Prados: Su concepción en cuanto a las normas del Código Civil denotan el manejo de unos criterios jurídicos que han quedado desfasados por los nuevos paradigmas del Derecho. La Comisión considera que su nombramiento comprometería la transparencia de su designación, por su cercanía con el Ejecutivo.
Siaska Salcedo de Lorenzo: Hubo cuestionamientos sobre el manejo del personal cuando estuvo al frente del diario La Prensa (2007-2009). A la Comisión se hizo llegar documentación relacionada con la conducta de su padre, que había sido condenado penalmente, hecho reconocido por ella, quien precisó que nunca vivió con él y fue criada por su abuela materna.
Cinthya Camargo Saavedra: Se le cuestionó vía redes sociales que durante el periodo que estuvo relacionada con el Órgano Judicial hubo malos manejos de fondos de los cuales ella, sin entrar en detalles, manifestó que no estaba nombrada en el Judicial.
También se hace constar que los 10 candidatos no tenían instaurados procesos o denuncias por falta a la ética, según notas enviadas por la secretaría general de la CSJ y el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados.
El informe de la Comisión está respaldado por las firmas de González, Lee, Ana Matilde Gómez -representante de la Asamblea-, Javier Mitil -representante de la Defensoría del Pueblo-, Rómulo Bethancourt -por la Procuraduría General de la Nación- y Eric González -por el Comité Ecuménico-.
