La ampliación de las investigaciones que adelanta la Fiscalía Superior Especial sobre los envenenamientos con dietilene glycol, vuelve a apuntar hacia posibles responsabilidades penales de servidores públicos.
El fiscal Dimas Guevara, quien está a cargo de completar el sumario, informó que ayer amplió su declaración jurada el inspector de la Autoridad de Aduanas Evélgito Barrios.
En su momento, Barrios inspeccionó los documentos que entregó el Grupo Comercial Medicom S.A. para, supuestamente, importar 9 mil litros de glicerina procedente de España, en 2003. La sustancia resultó ser dietilene glycol.
Otro que amplió su declaración fue Javier De Gracia, quien fue el corredor de aduana contratado por la empresa financiera Davivienda S.A. para tramitar los documentos de la liquidación de la mercancía que compró Medicom a la empresa española Rasfer.
Ambas diligencias fueron solicitadas por la defensa del directivo de Davivienda Teófilo Gateno, uno de los acusados en este caso.
Guevara también informó que se les tomó declaración a funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) que estuvieron ligados al almacenamiento de la supuesta glicerina y a la elaboración de los fármacos combinados con el mortal tóxico.
Dijo que además proseguirá haciendo inspecciones en el Laboratorio de Producción de la CSS y en los archivos de esta institución.
Guevara agregó que su despacho aún está dentro del término que le concede la ley para culminar con la ampliación de este sumario, como ordenó la Sala Penal de la Corte en agosto de 2009.
Ayer, mediante un comunicado, la familia Gateno pidió públicamente la revocatoria de la detención del directivo de Davivienda, que hoy cumple 11 días recluido en la sede de la Dirección de Investigación Judicial.
Los familiares reiteran que Gateno solo participó en el financiamiento a Medicom, y no estuvo “involucrado” en la licitación, compra y entrega del producto.
