La máquina israelí de espionaje adquirida por el gobierno de Ricardo Martinelli a mediados de 2010 por $13.5 millones, y que hoy no aparece, se compró con un sobrecosto cercano a los $11.5 millones.
Así lo reveló una fuente cercana a la denuncia que interpuso el Consejo de Seguridad por la desaparición de este equipo, quien explicó que el valor de mercado del mismo ronda los $2 millones. Es decir, casi seis veces menos de lo que pagó la gestión Martinelli.
Según la fuente, la empresa israelí MLM Protection que firmó el contrato el Programa de Ayuda Nacional (PAN) sirvió como un intermediario que facturó 575% por encima del valor original del producto en la transacción con el Estado panameño.
“La máquina se vendió a precio de mercado del fabricante al suplidor y luego el suplidor israelí se la vendió al PAN con un sobreprecio”, expresó la fuente.
Este aparato estaba compuesto por tres sistemas que permitían a sus operadores infiltrar computadoras, redes de telefonía y captar conversaciones personales.
Demetrio Papadimitriu, ministro de la Presidencia al momento que se compró este equipo confirmó que el mismo funcionaba y que fue utilizado.
Sin embargo, ninguno de los directores del Consejo de Seguridad que pasaron por esta institución desde entonces aseguran siquiera haberlo visto. Olmedo Alfaro, Gustavo Pérez, Alejandro Garúz, y Julio Moltó insisten en que no tuvieron ninguna participación en una operación de espionaje.
UNA NUEVA MÁQUINA
La tecnología avanza de forma vertiginosa. Un año basta para que un aparato resulte obsoleto ante nuevas tendencias.
Bajo esta premisa, el gobierno de Martinelli adquirió un nuevo equipo de espionaje unos meses antes de las últimas elecciones.
Tenía menos versatilidad que el primer aparato. Sin embargo, este cumplía con precisión un objetivo: los teléfonos celulares.
El artefacto era pequeño, apenas un poco más grande que una computadora portátil, por lo que podía ser trasladado sin dificultad.
Según la fuente, con este nuevo equipo, el gobierno de Martinelli reforzó su capacidad de violar las garantías fundamentales de los panameños, ya que el mismo permitía localizar físicamente la localización de un teléfono y mantenerle un programa de seguimiento para conocer los lugares a los que se desplazaba dicho celular.
Es decir, los operadores del equipo podían conocer el recorrido diario de una persona y con quien se reunía, ya que al aparato reconocía también a los teléfonos cercanos al objetivo.
El poderoso aparato también facultaba a los operadores a apoderarse del sistema operativo del celular: podía accesar a todas las conversaciones y a todos los archivos del teléfono, así como también encender el micrófono en cualquier momento para conocer las conversaciones a su alrededor.
Esta capacidad permitió, reveló la fuente, que se instaurara una red de espionaje ‘romántico’, en el que se impartían órdenes para conocer la vida sentimental de opositores y de figuras de gobierno.
El costo del equipo se desconoce, ya que las únicas pruebas de su existencia son varias -cientos- de páginas de transcripciones de conversaciones infiltradas; no hay documentos que sustenten su compra, ni tampoco se sabe en dónde está en estos momentos.
Estos documentos permitieron precisar en las víctimas de esta red, que incluía también a empresarios y hasta diplomáticos de Estados Unidos en Panamá.
Incluso, la exembajadora estadounidense en Panamá Barabara Stephenson envió un mensaje a su país en el que revelaba que Martinelli le había solicitado en agosto de 2009 ayuda con este fin. “Necesito ayuda para intervenir teléfonos”, fue el mensaje del exmandatario.
Olmedo Alfaro, jefe de seguridad de Martinelli en aquel entonces y que era el director del Consejo de Seguridad al momento de la adquisición del primer equipo de espionaje, le confió a un agente de drogas de Estados Unidos parte de las intenciones del presidente: “Alfaro dijo que tenía órdenes del Presidente de averiguar quién se acostaba con su esposa”, Stephenson cablegrafió a Washington.
El artículo 167 del Código Penal prohibe este tipo de actividad: “Quien, sin contar con la autorización de la autoridad judicial, intercepte telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión”.
El aparato aún podría estar activo, ya que al desconocer su fabricante aún no se ha podido solicitar su desativación. Por su tamaño, podría estar en cualquier maleta.
