Los negocios de CIRSA Panamá –filial local de la multinacional del juego española CIRSA– con allegados al ex presidente Ernesto Pérez Balladares le podrían traer un dolor de cabeza a la empresa en España. Más si se tiene en cuenta que fondos de CIRSA Panamá terminaron en una cuenta de Shelf Holding Inc., que controla el ex mandatario.
España es signataria de la “Convención para combatir el soborno de funcionarios extranjeros en transacciones internacionales” de 1997. Esta convención reemplaza un convenio previo firmado por países europeos. El artículo primero del tratado obliga a cada Estado a castigar como delito el soborno internacional. Es decir: las empresas españolas que obtengan beneficios indebidos por sobornar a funcionarios en el exterior, serán sancionadas en España como si el hecho hubiera ocurrido allí.
Existe soborno –según el convenio– cuando la empresa española ofrezca a un funcionario gratificación a cambio de recibir –ya bien sea directamente o utilizando intermediarios– un negocio o beneficio por los actos u omisiones de dicho funcionario extranjero.
La gestión de Pérez Balladares otorgó en 1996 una concesión directa y gratuita que terminó controlando la empresa española CIRSA a través de su filial local.
Ahora se conoce, luego de meses de investigación y denuncias, que Enrique Pretelt (yerno del ex presidente) y Roosevelt Lito Thayer (ex ministro y amigo) recibieron la concesión de Lucky Games S.A. y, además, “compraron” por una ínfima suma una parte de otra concesión a favor de Gaming & Services de Panamá S.A. (CIRSA Panamá), que en 1997 se ganó la licitación para explotar salas de juegos dentro del proceso de privatización que promovió Pérez Balladares.
En 2007, las dos empresas se fusionaron y los allegados de Pérez Balladares se quedaron con el 29% del nuevo paquete accionario, gracias a la suma de sus acciones en Gaming & Services de Panamá S.A. y en Lucky Games S.A. El otro 71% quedó en manos de la empresa española.
A pesar de ello, en un principio el gerente general de CIRSA Panamá, Helios Navarro, negó tener como socios a Thayer y Pretelt. Luego de denunciado el escándalo y tras requerimientos gubernamentales, CIRSA Panamá reconoció que era socia del citado dúo y accedió –en noviembre de 2009– a comprarle por 14 millones de dolares sus acciones.
La convención hace referencia expresa a que se debe sancionar a las empresas de los países signatarios con castigos que sean efectivos, proporcionales al delito y disuasivas de nuevas conductas similares. Además, los países miembros están en la obligación de confiscar las sumas provenientes del soborno y, de no ser posible, imponer sanciones monetarias equivalentes.
