El ex presidente Ernesto Pérez Balladares, el ex ministro de Vivienda Roosevelt Lito Thayer y otras nueve personas no lograron justificar por qué recibieron dinero o firmaron cheques por sumas que sobrepasaron los 20 millones de dólares procedentes de la sociedad Lucky Games S.A., a la cual el Estado le había concedido la administración y operación de salas de máquinas tragamonedas.
El anterior planteamiento es parte de las conclusiones de la investigación que llevó a cabo el fiscal contra la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado, y por las cuales el pasado 6 de octubre solicitó al Juzgado Noveno Penal que se abra causa criminal contra estas 11 personas por el delito de blanqueo de capitales.
En su vista fiscal, Ayú Prado destaca que se pudo comprobar una serie de transferencias bancarias procedentes de Lucky Games, S.A., –cuya concesión para operar salas de máquinas tragamonedas fue otorgada bajo la administración del propio Pérez Balladares y siendo Thayer ministro de Estado– a la sociedad anónima Shelf Holding Inc, en la que el ex mandatario era uno de los firmantes autorizados, a pesar de no ser miembro de su junta directiva.
De igual forma, la vista fiscal sostiene que en la investigación se comprobó que también resultaron beneficiados con estas transferencias las sociedades PTY Adventure, Joyas del Mundo S.A., Kestel Management, Inc. y Grupo Granate S.A.
En estas últimas sociedades aparecen como firmantes y depositantes de los cheques Thayer, Eyda Achón, secretaria privada de Pérez Balladares; Vicente Calderón, Tomás González de la Barrera, Henry Mong Hoo, Carlos González, Ricardo Caputo, Adelio Green y Rómulo Abad.
Asimismo, James Tobiasson, Jaime Espino, Jenipher Espino y Saideth Ortíz.
La vista hace referencia al análisis de 14 cuentas bancarias, en las que están vinculadas estas sociedades, y dice que se comprobó un movimiento por unos 21.6 millones de dólares.
La vista fiscal aclara que dicha auditoría fue realizada por los funcionarios de la fiscalía, basados en los informes remitidos por los bancos, y se explica que los informes finales de la Sección Forense de Auditoría del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no se incluyeron, pues fueron entregados a la fiscalía el 20 de septiembre pasado, cuando ya había vencido el tiempo de prórroga para la investigación que concedió el Juzgado Noveno Penal.
“Por tanto, cabe la posibilidad de que el expediente sea devuelto en ampliación para que en corto período de tiempo se practiquen diligencias que se consideren indispensables para poder calificar este sumario”, recalca el documento.
De igual forma, plantea que a pesar de que Tobiasson, González de la Barrera y Achón son mencionados como firmantes y depositantes de las cuentas investigadas, se pide un sobreseimiento provisional para ellos, debido a que se determinó que los tres no están completamente vinculados por ser empleados que cumplían órdenes de Pérez Balladares.
Luis Cabezas, abogado del ex presidente, calificó como “un capricho personal” la decisión de Ayú Prado de pedir el llamamiento a juicio para su cliente.
Cabezas sostuvo que en el caso no hubo ninguna presión externa para que Ayú Prado incriminara al ex mandatario en su vista. “Lo que tiene el fiscal es un empecinamiento contra Pérez Balladares, y ha tomado este caso como un trofeo”, dijo.
También cuestionó el hecho de que Ayú Prado haya enviado una vista fiscal reconociendo que la investigación está incompleta.
Sostuvo que, desde el pasado 4 de octubre, el fiscal fue trasladado a la Fiscalía Primera de Drogas, por lo que dijo no entender cómo es que firmó esta vista dos días después, cuando ya ocupaba otro puesto.
Al referirse al tema en su página de Facebook, el ex presidente Pérez Balladares escribió: “Odio al Toro por tener dinero, por arrogante y prepotente’, palabras de Ayú Prado a sus amigos. Por eso pide el llamamiento a juicio sin consideración alguna de mi inocencia”.
