Que se auditen las obras, que no se les otorguen más proyectos, que se revise el contrato de la línea 2 del Metro de Panamá. Acciones concretas.
Esto piden actores de la sociedad civil y conocedores de inversión en infraestructura pública, a raíz del escándalo internacional que sacude al gigante de la construcción Norberto Odebrecht, empresa que ha alcanzado negocios por $8 mil 500 millones en Panamá.
Voces consultadas por este diario reclaman acciones más enérgicas del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, quien este domingo se limitó a decir que “la situación es preocupante y nos toca darle seguimiento”.
“Por más que digan que no afecta a Panamá, la imagen de Odebrecht está tan deteriorada que la gran noticia internacional va a ser que, a pocos días de la detención del presidente de esa compañía, el Gobierno de Panamá le otorgó un contrato de $2 mil millones”, dijo ayer el excanciller Jorge E. Ritter.
“No nos equivoquemos: asociar el nombre de la República (y el de los firmantes, por supuesto) es un despropósito inexplicable y que va a traer repercusiones devastadoras para la imagen del Gobierno”, agregó.
En términos similares opinó el arquitecto Ricardo J. Bermúdez. “Pensar que esto [el escándalo] no haya permeado en otros lugares es un poco infantil, y yo creo que lo más sano que puede hacer el Gobierno es, por lo menos, imitar lo que ha hecho Colombia y frenar cualquier tipo de negociación o de pago o de cualquier tipo de refrendo que se tenga en estos momentos con dicha constructora”, indicó.
Odebrecht también participó en la línea 1 del Metro, que costó $2 mil millones, y es parte del consorcio que se adjudicó el contrato, aún no firmado ni refrendado, para la línea 2 por mil 857 millones de dólares.
Tras ser consultado por este escándalo, el secretario del Metro y ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy, dijo ayer que Odebrecht debe explicar lo sucedido en Brasil, donde el presidente de la compañía fue detenido por supuestamente participar en el caso de corrupción de la estatal Petrobras.
“Señor Contralor, dados los recientes eventos relacionados con Odebrecht en Brasil y Colombia, sería saludable revisar contratos de ésta aquí”, escribió el jurista Guillermo Márquez A.
Mientras, el exembajador Eloy Alfaro aseguró que “la detención de Odebrecht en Brasil no puede verse como hecho aislado. Llueve sobre mojado de sospechas de corrupción desde hace rato acá”.
“¿Por qué no? [auditar] es la pregunta, si todos los contratos del Gobierno de cierta cuantía están siendo auditados, con mayor razón los de Odebrecht, que son multimillonarios y muy cuestionados”, añadió el expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Fernando Aramburú Porras.
Un concepto parecido tiene el economista Felipe Chapman. “Sí encuentro prudente y recomendable auditar todos los contratos de toda empresa contratista del Estado panameño que sea acusada o señalada e investigada por autoridades competentes en otro país por prácticas ilegales”, dijo.
“El problema no es que las obras se queden a medio camino. El peligro es más bien lo contrario: que las completen, como otras que ya completaron, pero con sobreprecios y sin auditorías”, agregó Ritter.
LA CONTRALORÍA CALLA
Este medio consultó ayer al contralor Federico Humbert sobre su posición en el caso, y sobre todo si va a auditar las obras del emporio brasilero en el país, pero hasta el cierre de esta edición no había respondido.
Sin embargo, en una entrevista con La Prensa poco antes de asumir su gestión en la Contraloría, Humbert se comprometió a auditar “todas las obras”. “La labor nuestra es investigar, fiscalizar, todo lo que está ocurriendo. No vamos a investigar una obra sí, otra obra no. Todo lo que tenga cualquier suspicacia de dolo, será investigado”, dijo en aquel momento.
También se le consultó al secretario de Comunicación del Estado, Manuel Domínguez, sobre la posibilidad de que el presidente Varela pida a la Contraloría auditar las obras Odebrecht, y dijo: “el Presidente comunicó ayer la posición del gobierno”.
Además de decir que “la situación es preocupante”, el mandatario manifestó que “nos toca darle seguimiento en cualquier impacto que tenga sobre las obras que se están desarrollando”.
Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora, fue arrestado el pasado viernes, tras ser acusado de capitanear un esquema de sobornos por $2 mil 100 millones en Petrobras.
PROPONEN REVISAR LEY
Frente a la situación que se presenta con uno de los principales contratistas del Estado panameño, el abogado Carlos Barsallo recomienda revisar el contenido de la ley de contrataciones públicas.Se refirió a los artículos sobre casos de incapacidad legal para contratar con el Estado (artículo 16, texto único de la Ley 22 de 2006) y las causales y procedimientos para nulidad de actos y contratos (artículo 134 y siguientes de la misma norma).
Por último, dijo Barsallo, debe verse el artículo 73 de la norma, inherente a la terminación unilateral del contrato, lo que presupone la existencia de un contrato. “Dependiendo de los hechos concretos del caso, determinar en qué situación se encuentra y ver si dichas normas le son aplicables”, dijo.
Constructora recibiría sanción más dura
El regulador antimonopolio brasileño podría aplicar la medida más severa a la constructora Odebrecht por las acusaciones de formar un cartel dentro del esquema de corrupción en Petrobras: una multa de $450 millones, que equivale al 20% de la facturación de la empresa durante 2014.
De acuerdo con el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), que impondrá la multa a la empresa que dirige Marcelo Odebrecht, preso desde el pasado viernes, existen por lo menos 19 documentos que prueban la participación de la constructora en el llamado “cartel de los contratistas”, que era un
esquema para manipular precios de contratos con ejecutivos de Petrobras.
Se da por descontado que no será impuesta la menor sanción prevista por la Ley Antimonopolio, de 0.1% de los ingresos, que en este caso serían $2.4 millones.
Por su parte, Andrade Gutierrez, segunda constructora más grande de Brasil, y que también fue sorprendida en otra etapa de la operación “Lava
Jato” (Lavado de autos), recibiría una sanción de $277 millones.
CADE asegura que tiene en su poder 12 documentos que confirman su participación en el lavado de dinero.
Las acciones judiciales ejecutadas en su contra ya golpean las economías de las compañías, destaca el diario El Economista de México.
El pasado sábado, un día después de que se destapara el escándalo, la calificadora de riesgo Moody’s colocó en revisión a la baja las notas de crédito de las dos constructoras.
La revisión se basa en la percepción de un mayor riesgo de crédito: “Aun cuando las investigaciones todavía estén en curso y eventuales sentencias o penas no han sido determinadas, estos eventos pueden afectar negativamente la ejecución de estrategias de crecimiento” de ambas firmas, indicó la agencia.
Además, en el CADE hay indicios de que Odebrecht y Andrade Gutiérrez han participado en conductas contrarias a la competencia económica entre finales de 2003 y principios de 2012. En la lista de 23 empresas bajo investigación de la agencia antimonopolio, Odebrecht y Andrade Gutiérrez aparecen en los tres grupos del cartel, llamados “El Club de los 9”, “El Club de los 16” y “El Club VIP”.
Luego de que Odebrecht manifestara su rechazo a los arrestos realizados el viernes por la Policía Federal, la empresa publicó ayer un comunicado en los periódicos del país, en el que destaca que “la policía federal no presentó, como está expuesto en la decisión judicial, ningún hecho nuevo que justifique las medidas de fuerza cumplidas, totalmente innecesarias y, por eso mismo, ilegales”.
Desde ayer, algunos de los 12 ejecutivos capturados iniciaron sus interrogatorios sobre el caso. En esta primera ronda presentaron declaración cuatro ejecutivos que tenían prisiones temporales por cinco días, decretadas por el juez Sergio Moro: Alejandría Salles de Alencar Ramos, exjefe de Odebrecht; Antonio Pedro Campelo de Souza, ejecutivo de Andrade Guiterrez; Lúcio Flávio Magalhães, ejecutivo de Andrade Guiterrez; y Christina Maria da Silva Jorge, empresaria de Hayley, Brasil.
De acuerdo con el periódico brasileño O Globo, las declaraciones terminarán hoy por la noche y el juez a cargo podrá liberarlos o cambiar las detenciones preventivas.
En la nueva etapa que derivó en los arrestos de estos altos ejecutivos, la Policía Federal investiga delitos de formación de cártel, fraude en licitaciones, corrupción, desvío de fondos públicos y lavado de dinero.
En la noche del pasado domingo, unas 30 personas del movimiento NasRuas realizaron una vigilia fuera de la sede de la constructora Odebrecht en Sao Paulo, con la intención de presionar a Marcelo Odebrecht a que revelara nombres de los políticos que se beneficiaron del esquema de corrupción montado en Petrobras.
