Exministro se saltó aval del Gabinete

Exministro se saltó aval del Gabinete


En dos días, 21 y 22 de mayo de 2013, el Ministerio de Seguridad Pública –a cargo de José Raúl Mulino– confeccionó cuatro órdenes de compra directa por $856 mil cada una, a favor de la empresa True Marketing, S.A., para la adquisición de dispositivos que permitían a los policías la verificación de los ciudadanos.

+info

Corte rechaza amparo de Mulino en caso de radaresMagistrado Luis Fábrega resolvería demanda de Pele SystemPersiste opacidad en Pele System Inc.

El fraccionamiento de las compras, que en total suman más de $3.4 millones, permitió que el gasto no pasara por el Consejo de Gabinete.

La Ley 22 de 2006, de contrataciones públicas, señala que todo contrato o compra directa en el Gobierno superior a $3 millones debe pasar por la aprobación del Consejo de Gabinete para su aprobación o para la declaración de excepción de procedimiento de selección de contratista.

True Marketing, S.A. vendió al ministro Mulino su propuesta como un sistema tecnológico superior al que tenía contratado con Pele System, Inc. para el suministro del pele police, también un dispositivo que permitía la identificación de los ciudadanos y conocer sus antecedentes penales.

Al final, Pele System, Inc. recibió pagos del Ministerio de Seguridad Pública por $823 mil por el servicio del pele police y True Marketing, S.A. otros $3.4 millones por dispositivos relacionados con la misma operatividad.

Interrogado al respecto, el exministro Mulino manifestó que no recordaba nada sobre las compras.

DIVISIÓN DE MATERIA EN COMPRAS A TRUE MARKETING Y PELE SYSTEM

rue Marketing, S.A., empresa que según Eduardo Jaén, exjefe de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) en su indagatoria ante el Ministerio Público, le pagó una “coima” de $120 mil por beneficiar un contrato en 2010 con la multinacional SAP y la Caja de Seguro Social (CSS), también logró millonarias compras en el gobierno pasado.

El Ministerio de Seguridad Pública, a cargo en ese entonces de José Raúl Mulino, emitió en un solo día –21 de mayo de 2013– tres órdenes de compra directas a favor de True Marketing, S.A., por $856 mil cada una, para adquirir lectores de barra móviles marca Datalogic.

Y al día siguiente –22 de mayo de 2013–, expidió otra orden por igual monto [$856 mil] para comprar el dispositivo que conectaba con una base de datos y permitía a los policías tener información sobre antecedentes penales de los ciudadanos y de su historial de tránsito, según documentos a los que tuvo acceso este diario.

OBVIAN GABINETE

Como otras compras que hizo el Ministerio de Seguridad Pública entre 2013 y 2014, la concretada con True Marketing, S.A. no fue la excepción y obvió los requerimientos de aprobación del Consejo de Gabinete.

El artículo 62 de la Ley 22 de 2006, sobre contrataciones públicas, establece que no será aplicable el procedimiento de selección de contratista: “Para las adquisiciones de suministros, servicios u obras que guarden relación con la seguridad ciudadana, presidencial y del Estado. En los casos en que dichas adquisiciones sean menores de tres millones de balboas (B/.3,000,000.00), el ministro de la Presidencia, o quien él delegue, deberá autorizar la condición de tal. Cuando las adquisiciones sobrepasen la suma de tres millones de balboas (B/.3,000,000.00), serán autorizadas por el Consejo de Gabinete”.

Cabe destacar que en un fallo del 18 de abril de 2016, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la frase de ese artículo que le atribuía funciones al Ministerio de la Presidencia.

“No resulta coherente que se le atribuya facultades al Ministerio de la Presidencia para adquisiciones de suministros, servicios y obras relacionados con actividades ajenas de su competencia funcional”, declaró el fallo.

Si se hubiera hecho una sola compra, la contratación de True Marketing, S.A. sumaría $3.4 millones, y sí hubiera requerido aprobación del Gabinete.

¿MEJOR QUE PELE POLICE O ERA LO MISMO?

La propia True Marketing ofreció al entonces ministro Mulino el sistema, como “algo mucho mejor” que el pele police, que también brindaba información penal de los ciudadanos. Hubo hasta una demostración de los equipos en el despacho superior.

Fue el 8 de octubre de 2012 cuando el entonces gerente de True Marketing, Carlos Bissot, ya fallecido, comunicó a Mulino cerca de 15 ventajas que obtendría con la tecnología que le ofrecía: la base de datos de las personas que tengan algún delito o multa estaría en el servidor del Ministerio de Seguridad Pública, a diferencia del pele police, cuyas bases de datos y servidores no estaban en ningún recinto del Estado y no eran administrados por personal de este.

Con el sistema que ofrecía la empresa, el Ministerio de Seguridad Pública tendría una copia de la base de datos para tener acceso directo desde el dispositivo. En otras palabras, si el agente se encontraba en algún lugar donde no hubiera comunicación de celular, podría tener acceso durante las 24 horas. “Esto no lo puede hacer con el actual pele police. Si la línea se cae, no se puede tener acceso”, alegó el gerente de la empresa.

Igualmente, otra ventaja que expuso es que la base de datos se actualizaba todos los días por medio de la vía inalámbrica desde cualquier punto que tuviera acceso a internet.

Indicó True Marketing que con su dispositivo el agente de la Policía podía ver en la pantalla la foto y firma del ciudadano en caso de que no portara la identificación.

DUALIDAD DE SISTEMAS

Nueve días después de la demostración de equipos que hizo True Marketing, el ministro Mulino le remitió una carta al entonces director de la Policía Nacional, Julio Moltó, en la que lo instruyó para renovar el contrato con Pele System, Inc., empresa que ofrecía el pele police a varias entidades.

“En resumen, los logros de este sistema a la fecha se traducen en mayores recaudaciones, transparencia en los procesos, disuasión delincuencial, prevención al delito e incidencia del desempeño de los agentes policiales en tiempo real”, enumeró el entonces ministro, como motivos para la necesaria renovación del contrato del pele police.

“La Policía Nacional debe proceder a tramitar prontamente la renovación del contrato con la empresa Pele System, Inc. al año 2013”, instruyó Mulino a Moltó.

Según información del sistema de control de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Seguridad Pública gestionó en 2013 pagos por $823 mil 249 a favor de Pele System, Inc. por el contrato de mantenimiento de soporte integral del sistema de pele police para uso de la Dirección de Operaciones del Tránsito, del Grupo de Apoyo al Servicio y de la Dirección de Telemática de la Policía Nacional. El servicio consistió en el suministro de 400 equipos móviles 3G Samsung con cámara de alta definición y GPS.

Además de los pagos a Pele System, Inc., el Ministerio de Seguridad Pública también le hizo, como ya se mencionó, compras a True Marketing por sus equipos marca Datalogic por más de $3.4 millones, a pesar de que esos dispositivos cumplían con los mismos objetivos del pele police.

MULINO: ‘NO ME ACUERDO’

Este medio efectuó llamadas a dos celulares registrados del exministro Mulino desde el domingo pasado. Finalmente, ayer se logró contactarlo. Al ser entrevistado sobre el tema, dijo brevemente: “no sé ni quién es True Marketing; no me acuerdo. Yo estoy bien tranquilo ahora para todavía andar pensando (...) para andar buscando bochinche por ahí. Estoy en una reunión”. Y luego colgó.

TRUE MARKETING Y LOS ESCÁNDALOS

De acuerdo con ficha del Registro Público, Heraclio Carmelo Bustamante aparece como presidente y director de True Marketing. No se le pudo ubicar para conocer su punto de vista sobre la millonaria compra que obtuvo del Ministerio de Seguridad Pública.

True Marketing es descrita como una “pequeña empresa” que fundó el ahora difunto Carlos Bissot con Heraclio Bustamante en abril de 2004.

La empresa ofrece servicios tecnológicos de software, sistemas y dispositivos.

Bissot y Bustamante son mencionados en la investigación que adelanta la Fiscalía Sexta Anticorrupción, por el presunto pago de sobornos a funcionarios del gobierno pasado por el contrato con SAP para la instalación de un software en la CSS por $14.5 millones.

( Con información de Luis Burón-Barahona).

LAS MÁS LEÍDAS