Aunque aún no hay un fallo en firme de la Corte Suprema de Justicia sobre las demandas de inconstitucionalidad contra la resolución legislativa que le devolvió la ciudadanía panameña a Bosco Vallarino, y le permitió asumir la Alcaldía de Panamá, ya hay una polémica en torno a quién debe nombrar su reemplazo en caso de que se produzca una vacante absoluta del cargo.
De acuerdo con el abogado constitucionalista José Acevedo, quien participó en el foro del Pacto de Estado por la Justicia, es a la Gobernación de la provincia de Panamá a quien le correspondería, por ley, escoger al alcalde en caso de que se produzca la vacante absoluta, o sea en caso de que el fallo ordene la separación de Vallarino y de la vicealcaldesa, la actual ministra de Gobierno, Roxana Méndez.
Acevedo basó su opinión en el artículo 4, numeral 18 de la Ley 2 de 1987, que atribuye a los gobernadores lo siguiente: “Por la falta transitoria del alcalde y su suplente, el gobernador designará a un suplente interino que cumplirá las funciones en tanto se presente el titular o se nombre su reemplazo”.
El abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal tiene otra opinión.
Bernal considera que la Ley 106 de 1973 señala que el reemplazo del alcalde lo debe nombrar el Consejo Municipal.
Pero para Bernal, más que el tema jurídico, imperará lo político. “El presidente, Ricardo Martinelli, va a hacer lo que le da la gana, independientemente de lo que diga la ley; eso lo ha demostrado hasta la saciedad”.
En tanto, el exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado cuestionó y culpó a la Asamblea Nacional por propiciar actos contrarios a las leyes y a la Constitución al restituirle la ciudadanía a Vallarino, cuando la Asamblea no se la había quitado. “Eso es algo totalmente inconstitucional”, advirtió.
En tanto, la Corte informó que circula un proyecto de borrador sobre dos de las tres demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra la Resolución No. 2 de la Asamblea, del 3 de julio de 2009, que le permitió a Bosco Vallarino asumir la ciudadanía panameña.
Una de las demandas fue interpuesta por el abogado Armando Aguilar, y la otra por el constitucionalista Miguel A. Bernal.
