Expertos anticorrupción propusieron una serie de recomendaciones a los países que participarán de la VIII Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en Perú en abril de 2018, con el propósito de dar avances en la lucha contra la corrupción.
Sugirieron, por ejemplo, que para fortalecer los mecanismos existentes o desarrollar nuevos mecanismos de cooperación regional se debería crear dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una nueva relatoría especial sobre derechos humanos y corrupción. Además, la CIDH debería hacer un informe especial sobre el vínculo entre corrupción y derechos humanos.
Igualmente, recomendaron actualizar la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) para responder a las nuevas manifestaciones de la corrupción y modernizar los estándares regionales para que cumplan con los avances logrados en diversos tratados internacionales sobre corrupción.
También propusieron mejorar la cooperación penal transnacional, incluyendo el intercambio de evidencia jurídica a través de la colaboración directa entre los ministerios públicos sin intermediación de los poderes ejecutivos y la facilitación de delaciones premiadas en múltiples jurisdicciones. Y fortalecer la independencia y autonomía judicial a través del cumplimiento de los estándares interamericanos y universales en la materia, así como el apoyo técnico internacional para los procesos de selección de jueces y fiscales.
“En la implementación de todas estas recomendaciones se debe asegurar la participación efectiva de todas las ramas del Estado, incluyendo la judicial y la legislativa, y de la ciudadanía en aras de fortalecer el control político y social. Al mismo tiempo, reconocemos la importancia del sector privado en la responsabilidad conjunta de combatir la corrupción”, señalaron los expertos que se reunieron durante dos días -30 y 31 de octubre- en Lima, Perú.
Entre los participantes estuvieron Walter Albán, director ejecutivo Proética; Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes; Diego Bravo, líder de la región andina General Electric; Michael Camilleri, director del Programa Peter D. Bell para el Estado de Derecho Diálogo Interamericano; Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; Ana Caridad, asociada del programa América Latina y el Caribe Carter Center; y Olga de Obaldía, directora ejecutiva Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana de Panamá.
