Tras el rápido fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que otorgó a la empresa K.M.R.G. una segunda indemnización de $3.5 millones, los extrabajadores portuarios también esperan un fallo favorable.
Al igual que la citada empresa –cuyo representante Moshe Israel firmó en 2008 un finiquito al recibir un poco más de $2 millones como indemnización por la privatización del puerto de Balboa–, los extrabajadores firmaron un finiquito el año pasado, cuando recibieron $19 millones en concepto de prima de antigüedad.
Sin embargo, ahora exigen que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) les pague $8.5 millones por “daños y perjuicios materiales y morales”, alegando un cálculo erróneo de sus prestaciones.
Dicho monto está consignado en una demanda que presentaron el 8 de febrero de 2011 ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, en la que denuncian que los pasivos laborales fueron cancelados “parcialmente”.
César Aparicio, dirigente de los exportuarios, asegura que debieron ser indemnizados con $52.6 millones, como arrojó un cálculo hecho durante la administración de Martín Torrijos.
Aparicio explica que aceptaron los $19 millones el año pasado, debido a su difícil situación económica. “Por necesidad y hambruna firmamos el finiquito, y si los magistrados fallan en derecho vamos a ser indemnizados como ocurrió con esta empresa [K.M.R.G.]”, añadió.
El reclamo adicional de los extrabajadores se sumaría a la nueva indemnización obtenida por Moshe Israel, representante de la empresa K.M.R.G., como consecuencia de la decisión unánime de los tres magistrados de la Sala Tercera –Alejandro Moncada, Víctor Benavides y Winston Spadafora– que condenó el pasado 16 de marzo a la AMP.
Según información obtenida por este diario, los alegatos finales del caso fueron presentados el 15 de marzo y, un día después, el magistrado Moncada ponía a circular un fallo que obtuvo, ese mismo día, las firmas de sus colegas Spadafora y Benavides. Había pasado solo siete meses desde que Moshe Israel presentara la demanda.
La condena se dio pese a la oposición del procurador encargado de la Administración, Nelson Rojas, y del administrador de la AMP, Roberto Linares.
Voceros de la Contraloría comunicaron que se respetará la decisión del máximo tribunal de justicia.
