La recién creada Dirección de Asistencia Social (DAS) bajo las mismas normas de la Ley de Contrataciones Públicas que rigió en el gobierno anterior, y la supervisión del mismo ente consultivo de ministros, que controlaba el Programa de Ayuda Nacional (PAN), son algunas de las críticas a la nueva entidad.
Y es que, según precisó el excontralor Alvin Weeden, la Ley de Contrataciones Públicas vigente mantiene las reglas con las que el gobierno de Ricardo Martinelli habría cometido los peculados millonarios que hoy investiga el Ministerio Público.
La administración del presidente Juan Carlos Varela prepara un proyecto de reformas a la Ley de Contrataciones Públicas que aún no ha llegado al Legislativo para debate.
Aurelio Barría, primer director del Fondo de Emergencia Social en 1990, indicó que aunque Varela señaló que la DAS se manejará bajo el mismo esquema de ese ente, ignora que en esa época la entidad tenía una junta directiva independiente cuyos integrantes no formaban parte del gobierno.
La DAS –que reemplaza al PAN– será manejada por un comité integrado por los ministros de la Presidencia, Obras Públicas, Educación, Desarrollo Social y Gobierno.
Weeden y Barría coinciden en que las reformas son insuficientes para frenar este histórico foco de corrupción.
DEL FES A LA DAS, TRANSFORMACIÓN Y PECULADOS
A pesar que desde su creación en 1990 a la fecha, el Fondo de Emergencia Social (FES), el Fondo de Inversión Social (FIS) y el Programa de Ayuda Nacional (PAN) han manejado más de mil millones de dólares en presupuestos con el objetivo de combatir la pobreza, una cantidad aún incalculable de estos fondos se ha derrochado por la corrupción o politiquería.
Mediante el Decreto Ejecutivo No. 164 del 8 de junio de 1990, el entonces presidente Guillermo Endara –1989-1994– dio vida al FES para atender los problemas sociales de una población que reclamaba atención urgente, luego de la invasión militar de 1989 y una pobreza que llegaba al 40% de la población.
Endara estableció así la excepción del trámite de licitación pública, concurso y solicitud de precios en los procesos de compras y contrataciones en los casos que se consideraban de urgencia nacional.
EL ESPÍRITU DEL FES
Aurelio Barría fue el primer director del FES y explicó que se origina luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanza en Bolivia un programa latinoamericano para atender necesidades urgentes de las poblaciones en áreas marginadas.
Panamá recibe un fondo por medio de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (Usaid, por sus siglas en inglés) de entre $20 millones y $25 millones y con eso inicia el primer presupuesto del FES, indicó.
Dijo que en su gestión durante dos años este fue un programa modelo en el cual ni diputados ni políticos tuvieron acceso a estos recursos, ya que todo se coordinaba mediante la entidad y con el control previo de la Controlaría. Se hacían proyectos por montos que oscilaban entre $50 mil y $75 mil.
Para Barría, el FES cumplió su objetivo inicial de ejecutar obras sociales, identificadas por las propias comunidades, supervisadas por el FES y la Contraloría, pero principalmente los recursos eran administrados por oenegés de reconocida trayectoria (clubes cívicos, gremios empresariales, obispados, etc), “pero jamas por juntas comunales, representantes o diputados”.
El FES era manejado por una junta directiva de personas independientes al gobierno, explicó.
“En un momento dado legisladores pedían al Ejecutivo transferir partidas de proyectos asignados a presupuestos de ministerios, pero eso no lo aceptamos porque era desplazar funciones de los ministerios”, indicó.
PRIMERAS DENUNCIAS
Con la entrada del gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), el programa mantuvo su nombre de Fondo de Emergencia Social (FES) y sus objetivos de combatir la pobreza, sin embargo, se dieron las primeras acusaciones sobre malos manejos en esta institución. En este período de gobierno entró en escena otro instrumento que propició actos de corrupción: las denominadas partidas circuitales.
José Vence, quien sustituyó en el cargo de director del FES a Gerardo Solís, fue denunciado por supuestos malos manejos de $230 millones provenientes de las partidas circuitales de los diputados y que eran administrados por el FES. Vence, en su momento, rechazó estas acusaciones.
Consultado sobre el tema, el expresidente Pérez Balladares dijo que recuerda que “alguien denunció [a Vence] y no se probó nada, por lo que no hay nada que comentar”.
FIS, SIN CONTROL PREVIO
Cuando la presidenta Mireya Moscoso (1999-2004) llegó al poder, una de sus primeras normas aprobadas fue el Decreto Ejecutivo No. 189 del 15 de noviembre de 1999, con el cual le cambió el nombre del FES a Fondo de Inversión Social (FIS).
El FES inicialmente tenía siete objetivos. El principal era que el Estado hiciera esfuerzos en atender la urgencia social que se vivía en los 90. Ello implicaba generar empleos, fortalecer la capacidad de autogestión de los sectores informales de la economía y reforzar las estructuras de los gobiernos locales para aumentar su capacidad de atender las necesidades de la comunidad.
Con su cambio de nombre a FIS, los objetivos fueron modificados y se incrementaron a 10. Se trazaron metas más abarcadoras. Una de ellas era que el Estado atendiera las necesidades socioeconómicas de la población más necesitada, con el fin de lograr disminuir el nivel de pobreza.
Con el Decreto No. 189, avalado por Moscoso, se eliminó el control previo establecido inicialmente en el FES sobre las operaciones, transacciones y obligaciones en favor o en contra del FES.
Y no solo eso. Las partidas circuitales que se les asignaban a los legisladores volvieron a entrar en escena, esta vez para lograr una mayoría legislativa y controlar a los opositores. El objetivo era pasar los fondos de las partidas circuitales al FIS, donde los controles en los procesos de contratación eran más flexibles.
Según Barría, cuando se pasa del FES al FIS fue porque los legisladores y el Ejecutivo vieron la oportunidad de canalizar recursos del Estado para supuestamente apoyar obras y proyectos en sus comunidades.
“Luego la convierten en una forma de conseguir votos en la aprobación de leyes y apoyos políticos con el traslado de partidas circuitales que eran transferidas y donde la chequera quedaba bajo el control de diputados y líderes políticos, es ahí donde se abre el mayor compás para la corrupción”, aseguró Barría.
Durante la administración Moscoso fueron públicas las denuncias de malos manejos a través del FIS, que estuvo dirigido por Arnulfo Escalona hijo y Gabriel De Janón.
El abogado Alejandro Magno Castillero acusó a Escalona de adjudicar en forma dudosa las licitaciones financiadas por el FIS.
En medio de esta polémica y tras las denuncias de corrupción del entonces contralor Alvin Weeden se restableció el control previo en el FIS, hecho, según contó, que le trajo diferencias con el gobierno de Moscoso.
TORRIJOS, NO FUE LA EXCEPCIÓN
Martín Torrijos Espino (2004-2009) sucede en 2004 a Moscoso con la promesa electoral de que iba a investigar las denuncias de corrupción en el FIS, pero nada de eso sucede.
José Porta, Israel Rodríguez, Adonai Ríos y Francisco Rodríguez fueron los jefes del FIS en la época de Torrijos, quien mantiene y opera el programa bajo las mismas reglas que heredó de Moscoso.
Rodríguez enfrentó una denuncia por la supuesta comisión del delito de peculado por $59 mil por el contrato para la construcción de una terminal de buses en Pacora, que nunca se hizo.
Recientemente, en octubre de 2015, el Juzgado Decimoquinto Penal absolvió a Rodríguez de la denuncia al considerar que no fue responsable de la lesión patrimonial al Estado.
AUDITORÍA REVELA PECULADO MILLONARIO
Ricardo Martinelli también basó su campaña política en que eliminaría el FIS por ser un foco de corrupción, pero cuando llega al poder en mayo de 2009 tampoco cumple su promesa electoral.
Martinelli encarga a una firma privada una auditoría de los últimos 10 años en el FIS. Son 27 auditorías que se completan en conjunto con la Contraloría.
Se estimó en $12 millones el peculado al FIS en los gobiernos de Moscoso y Torrijos. Se determinó el modus operandi de la corrupción con los fondos del FIS: un grupo de diputados hacía donaciones a diversos grupos y comunidades a través de fundaciones creadas por ellos y por medio de empresas “de papel”.
ero la entrega de los recursos y alimentos “era simulada” y los equipos (o dinero) retornaban a ellos.
PAN, LA CAJA DE CORRUPCIÓN
Un año después de ganar la Presidencia cambia de opinión y en lugar de eliminar la entidad, la reemplazó por el Programa de Ayuda Nacional (PAN) a través del Decreto Ejecutivo No. 690 del 22 de julio de 2010.
La justificación que dio en su momento el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, era que no se podía eliminar el FIS porque había muchos proyectos por concluir. Se designa a Giacomo Tamburrelli como nuevo jefe del PAN en 2010.
Con el nuevo PAN se estableció un capítulo en la ley con 21 artículos relativos al proceso de compra que utilizaría la entidad, uno de ellos incluía el establecimiento de un registro de proponentes de interesados en participar en los procesos de compras y contrataciones.
También, autorizaba al PAN a hacer compras o contrataciones a través de la figura de la invitación directa o mediante el proceso de selección de contratista, en la cual solo podían ser convocadas aquellas personas naturales o jurídicas inscritas en el registro de proponentes (ver tabla).
También se le dio la facultad al director del PAN de aprobar los proyectos y contratos cuyos montos eran inferiores de $300 mil. Con el FIS solo podía aprobar proyectos y contratos que no superaran los $100 mil.
Para el excontralor Weeden, la irregularidad que permitió el peculado más grande durante el PAN fue el establecimiento de las listas cortas de proponentes en el sistema de contrataciones para simular las licitaciones.
Este cambio en la estructura del programa permitió uno de los engranajes de corrupción más grandes descubiertos en el país y que fue denunciado por el propio exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén (2012-2014). Un total de 13 procesos judiciales investiga el Ministerio Público por la supuesta corrupción en el PAN durante el quinquenio de Martinelli.
DAS, BAJO CRITICAS
El presidente Juan Carlos Varela asume el poder y también desconoce su promesa política de eliminar el PAN y en su lugar le cambia el nombre a Dirección de Asistencia Social (DAS), que empezará a regir a partir de enero de 2016, también adscrita a la Presidencia de la República.
Varela mantiene los objetivos de los otros programas de luchar contra la pobreza y señala que la DAS funcionará bajo las reglas de la Ley No. 22 de 2006, de Contrataciones Públicas, y que todas las compras se someterán a actos públicos.
Según el excontralor Weeden, lo que plantea Varela de hacer todas las compras con licitación es una “falacia” porque se mantiene el sistema de listas cortas de proponentes, que es el punto que permite la corrupción.
En tanto, Barría plantea que Varela quiere equiparar la DAS al FES, pero pasa por alto la creación de una junta directiva independiente como la que manejó el FES en 1990, y en su lugar mantiene la DAS bajo un consejo consultivo –similar al que operó el PAN–, en el cual participan los ministros de la Presidencia, Obras Públicas, Educación, Desarrollo Social y Gobierno.
