El fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, Marcelino Aguilar, advirtió que el juez noveno penal, Diego Fernández, no valoró en forma debida las pruebas que acreditan el delito de corrupción de funcionario público como precedente al blanqueo de capitales por el que se pidió el encausamiento criminal del expresidente Ernesto Pérez Balladares y otras 14 personas.
Al apelar el fallo dictado el pasado 29 de abril por Fernández –que sobreseyó a Pérez Balladares y a los otros 14 imputados en el caso–, el fiscal sostuvo que esa decisión violó la Ley 56 de diciembre de 1995, que regula el principio de transparencia del régimen de contrataciones públicas, el cual, a su vez, establece que las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y prohíbe eludir los procedimientos de selección de contratistas.
Aguilar explicó que “hay desviación de poder cuando el órgano administrativo, actuando dentro del campo de sus atribuciones y respetando las formas establecidas en la ley, toma una decisión administrativa contraria e incompatible al fin previsto en la norma”, lo cual, a su juicio, quedó plasmado cuando el 16 de junio de 1999 el Órgano Ejecutivo emitió la Resolución de Gabinete número 58 que concedió a la empresa Lucky Games S.A. la operación de máquinas tragamonedas, y luego dicha empresa comenzó a remitir dinero a Shelf Holding sin que hubiese razón alguna.
Según la apelación del fiscal, en las sumarias del caso está plenamente comprobado un lazo de familiaridad entre quienes formalizaron el acto administrativo de la concesión a la empresa Lucky Games y quienes se dedicaban a la actividad comercial concreta, lazo que quedó evidenciado en la propia declaración de Pérez Balladares, quien admitió que Enrique Pretelt (accionista de Lucky Games) era para él como un hijo y es miembro íntimo de su grupo familiar, y que algunas personas de su grupo de familiaridad recibieron autorización para desarrollar juegos de suerte y azar.
Aguilar señaló que, si bien la resolución de Gabinete cumplió con apariencia de extrema legalidad, tal como lo señala la ley, el fin que perseguía era contrario e incompatible con el servicio público y trascendía hacia el interés personal.
Agregó que esa “desviación de poder” fue la que impuso la aplicación de las sanciones por delitos contra la administración pública.
En la apelación, el fiscal también acusó de “parcializado” el análisis de las auditorías realizadas por los peritos del Instituto de Medicina Legal Jorge Vergeli y Fabio Duarte, que fundamentaron su trabajo en información suministrada por los contadores de Shelf Holding y de Henry Mong Woo, quien no es contador y figura como imputado en el caso.
