Ante las revelaciones de los cables de la diplomacia estadounidense –filtrados por Wikileaks– sobre la falta de rumbo en materia de seguridad, el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, la Cruzada por la Paz y la ONG Jóvenes en pro de la Seguridad Ciudadana coincidieron en que el gobierno ha hecho esfuerzos para frenar el impacto de la criminalidad, pero advirtieron que estos resultan insuficientes frente a la carencia de una política criminológica de Estado.
La directora del Instituto de Criminología, Aida Selles de Palacios, opinó que el hecho de que no se haya adoptado una política de Estado, que coordine esfuerzos y recursos “mantiene en aumento la inseguridad”. Esto significa, a su juicio, que no se saca el máximo provecho a los recursos, pues no se dispone de una plataforma que enlace los estamentos de seguridad y a todos los que tienen que ver con la administración de justicia.
“Este trabajo debe descansar en una política de Estado, no en planes aislados”, insistió.
Por su lado, el presidente de la Cruzada por la Paz, Rolando Carrizo, se preguntó por qué no ha sido aprobado el decreto ley de la política criminológica, si ya fueron aprobadas las conflictivas leyes de armas y de las agencias de seguridad privadas.
Dijo que hoy día lo que hay en el país es un programa que se conoce como estrategia nacional de seguridad pública, cuyo eslogan es “calles seguras”, y que si bien incluye algunos de los lineamientos de la política criminológica, no va más allá de 2014, cuando el país tendría que empezar de cero.
De acuerdo con su criterio, el impacto de dicho plan ha sido positivo, aunque admitió no disponer de cifras exactas. Sin embargo, insistió en que el gobierno debe pensar más allá de cuando termine la administración y sellar el vacío que se presentará si no se aprueba la política criminológica.
“Aunque ha habido pequeños avances en relación con el año pasado, estos no son nada si los comparamos con lo que teníamos en el país hace cinco años. Todavía no podemos celebrar”, dijo, en tanto, Rafael Zevallos, de la ONG Jóvenes en pro de la Seguridad Ciudadana.
A su juicio, el problema de la inseguridad es sumamente complejo y requiere de una solución integral, que es, precisamente, la política criminológica, la cual, dijo, envuelve las diferentes variables de lo que se necesita y las convierte en política de Estado. “Ya fue discutida ampliamente; fue trabajada por el gobierno y por la sociedad civil, pero desafortunadamente aún no ha sido puesta en práctica”, indicó.
Durante su intervención ayer en el consejo de ministros de relaciones exteriores y de seguridad de los países que integran el Sistema de Integración Centroamericana, en El Salvador, el ministro José Raúl Mulino afirmó que en Panamá sí se está luchando contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo, y el resultado de ello se ve en las incautaciones de drogas de los últimos años, en los operativos de la Policía Nacional.
“Nuestro esfuerzo, basado en un presupuesto de 490 millones de dólares, es producto de la convicción que tiene el gobierno del presidente Martinelli de que la seguridad ciudadana es prioritaria y es un derecho que tiene el pueblo panameño”, dijo, según una nota de prensa enviada por el Ministerio de Seguridad.
