El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, ha vuelto a beneficiar a miembros de su familia.
Esta vez se trata de su yerno Ricardo Mouynes, gerente general de Airco, S.A., contratada de forma directa por el extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), por $2.3 millones, para el proyecto Techos de Esperanza.
El contralor Federico Humbert rechazó los refrendos a esos contratos, por lo que Alemán, como presidente del consejo directivo del PAN, los aprobó por insistencia. El Ministerio Público investiga estos actos.
Ya en 2014, Alemán contrató a su sobrino Jaime Alemán como asistente personal. Meses más tarde debió renunciar.
Según la Real Academia Española, nepotismo es una “desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”.
NEXOS
Rafael Stanziola, a cargo de la Dirección de Asistencia Social (DAS) –antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN)– ha reiterado que los $2.3 millones desembolsados en contratos a Airco, S.A. fue por presentar la mejor oferta del mercado. Sin embargo, la empresa tiene cercanos nexos con la cúpula del gobierno.
Y es que su presidente, Pedro Vallarino Trombetta, fue uno de los escogidos por el propio gobernante, Juan Carlos Varela, para formar parte de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA). Ocupó el cargo de septiembre de 2014 hasta julio de 2015, período cuando precisamente fue favorecido por Stanziola a través de compras fraccionadas.
El gerente general de Airco, S.A. también cuenta con gran cercanía en la Presidencia, ministerio al que responde, en teoría, el PAN. Se trata de Ricardo Mouynes, yerno del titular de la cartera, Álvaro Alemán.
Precisamente, Alemán fue uno de los defensores más fervientes de las contrataciones, por poco más de $4 millones, que gestionó el PAN para el programa Techos de Esperanza, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), y que hoy son investigadas por el Ministerio Público (MP).
“Jurídicamente, no entiendo cómo hablan de fraccionamiento cuando el PAN no estaba sujeto a la Ley de Contrataciones”, aseguró Alemán la semana pasada. Lucía molesto.
“Yo quiero que vayan y busquen las empresas que vendieron las retroexcavadoras al PAN en el gobierno de los señores que nos antecedieron, empresas de papel... que eran empresas de personas allegadas al régimen”, añadió.
Mouynes no figura en las minutas del Registro Público de Airco, S.A. Sin embargo, un documento de contactos regionales de la empresa de manufactura CEI Enterprises da cuenta de que Mouynes era el indicado en Panamá, a través de su puesto como gerente en Airco, S.A.
JUEZ Y PARTE
Cuando Stanziola envió los cheques a la Contraloría General para que se refrendaran los pagos a Airco, S.A. y a otras empresas favorecidas para Techos de Esperanza, el titular de esta entidad, Federico Humbert, lo rechazó.
Humbert consideraba que existía división de materia, ya que todos los cheques eran por los mismos servicios, pero por cifras menores a $300 mil, el límite para que los contratos puedan ser otorgados a discreción de Stanziola. Arriba de ese monto requieren de la aprobación del consejo directivo del PAN.
El Decreto No. 366 del 28 de diciembre de 2006, que reglamenta la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006 –conocida como Ley de Contrataciones Públicas– establece que la división de materia existe “cuando una entidad suscribe contratos por un mismo producto o servicio en un término de tres (3) meses en el mismo período fiscal, cuando sumadas las cuantías de estas propuestas o contratos, estas superan la suma de $30 mil en dicho período”.
De acuerdo con el ministro de Presidencia, los argumentos para la posición adoptada por Humbert fueron “políticos y no jurídicos”.
Ante el rechazo de Humbert, el consejo directivo del PAN, liderado por el propio Alemán, apeló al artículo 77 de la Ley 32 de 1984, que rige la Contraloría, que señala que ante la negativa del contralor la “Junta Directiva, Comité Directivo, Consejo Ejecutivo, Patronato” de una institución puede someter la reconsideración por “insistencia”. Bajo esta figura, la junta directiva de la entidad se hace responsable de dichos contratos.
Y la del PAN se hizo responsable. El 18 de mayo de 2015, su consejo directivo en pleno firmó la nota de insistencia.
“Para el Consejo Directivo del PAN, luego de haber aprobado en su conjunto todas las órdenes de compras relacionadas con la ejecución del programa Techos de Esperanza [considera] que no se estaría incurriendo en el fenómeno de la división de materia”, argumentó.
El documento lleva la firma de Alemán, como ministro de la Presidencia y presidente del consejo directivo del PAN; de Stanziola, como director; de Marcela Paredes de Vásquez, titular de Educación; Ramón Arosemena, de Obras Públicas; Zulema Sucre Menotti, viceministra de Desarrollo Social; y Adolfo Valderrama, entonces presidente de la Asamblea Nacional.
Consultado por este medio sobre su posible influencia para las contrataciones a Airco, S.A., Alemán afirmó que no influyó en nada.
“Si bien en un principio no participé en la revisión de las propuestas, ya que ello no es competencia de la junta directiva, posteriormente, la junta directiva revisó las propuestas y pudimos constatar que las adjudicaciones se hicieron en base al precio ofertado y la disponibilidad del producto”.
El ministro considera que no existe conflicto de intereses. “Mouynes no es accionista de la empresa Airco. Tenga la seguridad que si el señor Mouynes fuera el accionista mayoritario de Airco, no permitiría que la empresa contrate con el Ministerio de la Presidencia”, destacó.
“A mí no me une parentesco alguno con Airco. No soy pariente del señor Pedro Vallarino y ya le indiqué que mi yerno no es accionista de Airco”, expresó al ser consultado sobre si su figura podría incidir en la investigación que desarrolla el MP.
Además, destacó que el proceso de fraccionamiento no incumplió la ley, ya que el PAN no responde a la Ley de Contrataciones Públicas.
“Si la propia Ley de Contrataciones Públicas exceptuaba al PAN de dicha ley, es obvio que las contrataciones realizadas por esta entidad no tenían que ceñirse a la ley en mención”, manifestó.
Además, indicó que tras la conversión del PAN a DAS, la institución sí depende de esta ley a partir de ahora.
La Prensa le remitió un correo a Mouynes y a Stanziola, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.
El propio presidente Varela también se ha referido a los contratos otorgados a Airco, S.A. “Me siento tranquilo con los precios de compra, porque he recibido opiniones de que los que compitieron y perdieron, incluso los que hicieron la carta [de denuncia] se retiraron... ese es un tema de agosto de 2014”, dijo.
ALEMÁN, REINCIDENTE
Esta no es la primera vez que el ministro Alemán favorece a un familiar para que reciba dinero público y que argumente, de forma fervorosa, que la acción no viola la ley.
Cuando asumió el Ministerio de la Presidencia, Alemán necesitaba gente de confianza a su alrededor. Y por ello contrató a su sobrino Jaime Alemán como su asistente personal.
“No podía encontrar nadie mejor para el puesto que mi sobrino Jaime”, advirtió en aquel momento. “Nada me prohíbe nombrar a mí a un sobrino”, recalcó.
El Decreto No. 246 del 15 de diciembre de 2004, que creó el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, estipula en el artículo 39: “a fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el servidor público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros puedan estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo”.
Tras dos meses de cuestionamientos al ministro Alemán, su sobrino renunció al cargo.
María del Pilar Arosemena de Alemán, su cuñada, es la embajadora de Panamá en Francia. Antes de ese cargo, había sido designada en la junta directiva de la Caja de Ahorros.
Su suplente era el propio yerno del ministro, Ricardo Mouynes. Ambos fueron ratificados por la Asamblea Nacional, junto con Vallarino Trombetta.
MILLONES DESDE EL PAN
Desde que asumió el gobierno de Varela, el PAN ha repartido, al menos, $125 millones.
De ese monto, alrededor de $20 millones han sido en pagos fraccionados, de acuerdo con documentos en el Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos de la Contraloría. La mayoría, sin embargo, por compromisos adquiridos en la administración del antecesor de Stanziola, Rafael Guardia Jaén, hoy preso en el centro penitenciario El Renacer por supuestos malos manejos al frente de esta entidad.
Precisamente, Pumper es una de las empresas que ha gozado de abundancia de contratos por el PAN, tanto en el quinquenio de Ricardo Martinelli como en el actual.
En la administración de Cambio Democrático (CD), Pumper recibió contratos por alrededor de $18 millones por el manejo y depósito de materiales sanitarios y residuos hospitalarios peligrosos de varias entidades estatales.
En esta gestión ha recibido nuevos y jugosos contratos. Por ejemplo, el PAN emitió varios cheques a finales de 2014 por casi $4 millones para la recolección, transporte y depósito en su destino final de los residuos hospitalarios peligrosos de los hospitales de la 24 de Diciembre, Nicolás Solano, Santo Tomás, San Miguel Arcángel, Instituto Oncológico Nacional, y Hospital del Niño.
Los contratos son para centros médicos que gestiona el Ministerio de Salud que, a finales de 2013, le otorgó un contrato por $2 millones para el equipamiento y ejecución del edificio 240.
La Caja de Seguro Social también gestionó, en agosto de 2014, una adenda por $2.7 millones por sus servicios, que no se detallan en los documentos de Contraloría.
La compañía, según consta en el Registro Público, es presidida por Sergio Luján.
Este medio llamó al contacto de la empresa que aparece en el portal de Panamá Compra, pero no atendieron.
La semana pasada, Varela se refirió al futuro de los programas que lleva a cabo el PAN.
“A partir de este momento, todas las obras de continuidad del PAN que están en proceso van a pasar a la Secretaría de Metas, para que se terminen esos proyectos y así ir desmantelando esa estructura e ir recuperando la credibilidad de la población”, afirmó.
El 15 de noviembre de 2015, Varela firmó un decreto ejecutivo en el que cambió el nombre de PAN a DAS, y reglamentó que sus compras se tienen que realizar bajo la Ley de Contrataciones Públicas. Una acción diferente a la que prometió en su campaña, cuando repitió que de llegar al poder, eliminaría esta entidad.
Algo parecido a lo que expresaba Martinelli sin parar en campaña de cara a los comicios de 2009, cuando, justamente, estaba aliado con Varela. Los dos, sin embargo, cambiaron su discurso al asumir el poder.
