Doce días después de que el comerciante Abdul Waked, propietario de las tiendas Felix B. Maduro, autorizara la transferencia de todos los activos de estas a un fideicomiso, la oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU), aprobó extender la licencia de estas tiendas para que tengan acceso al sistema financiero estadounidense.
La licencia tiene vigencia hasta el 14 de diciembre de 2016 y permitirá que se realicen las gestiones de venta. El pasado 5 de mayo, EU incluyó a las empresas de la familia Waked en la Lista Clinton, por sospecha de lavado de dinero y narcotráfico.
Este martes, el presidente Juan Carlos Varela visitó la tienda Felix B. Maduro en vía España, celebró la noticia con los empleados y de paso aseguró que se inician la negociaciones para garantizar los empleos de Soho Mall. “Quiero compartir con ustedes la alegría que tenemos de poder haber reactivado que Felix B. Maduro pueda contratar con ciudadanos y empresas americanas”, dijo.
FELIX, 'SE HA PROTEGIDO': VARELA
La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU), dio una licencia a Importadora Maduro, Maduro Internacional y Lindo & Maduro, que operan las tiendas Felix, para que accedan al sistema financiero estadounidense, luego de que su propietario, Abdul Waked, transfiriera los activos de las empresas a favor de un fideicomiso.
La noticia también la anunció ayer el presidente de la República, Juan Carlos Varela, mientras hacía un recorrido por el terreno donde se construye el centro de convenciones Amador.
“Quiero compartir con ustedes la alegría que tenemos de poder haber reactivado que la empresa Felix B. Maduro pueda contratar con ciudadanos y empresas americanas con una licencia que ha sido otorgada, luego de la gestión del ministro de Economía y Finanzas [Dulcidio De La Guardia], el ministro [Luis Ernesto] Carles [Trabajo y Desarrollo Laboral] y el ministro de Comercio e Industrias [Augusto] Arosemena, que han trabajado casi ya 30 días en este tema, y de esta forma se protegen los empleos de mil 200 panameños”, dijo el mandatario.
La licencia estará vigente hasta el 14 de diciembre de 2016 y permitirá que el grupo realice las gestiones para ser vendido. Si dicha transacción involucra empresas o ciudadanos estadounidenses, esta debe ser autorizada por la OFAC.
El pasado 5 de mayo, el Departamento del Tesoro de EU incluyó a Abdul Waked, a su sobrino Nidal Waked, a otros siete miembros de esa familia, al igual que a 68 empresas, entre las que se incluyó a las tiendas Felix B. Maduro, en la denominada Lista Clinton, por sospecha de lavado de dinero y narcotráfico.
El fideicomiso fue la alternativa propuesta por una comisión de ministros al Departamento del Tesoro de EU, y el 3 de junio pasado Abdul Waked, propietario de los almacenes, autorizó la transferencia de todos los activos de la cadena al fideicomiso.Ese mismo día, la OFAC también anunció que Mawa Enterprises Corp., una empresa con operaciones en la Zona Libre de Colón, había sido excluida de la Lista Clinton.
Mientras, Nidal Waked fue detenido en Colombia el mismo 5 de mayo, y está preso en una cárcel de Bogotá en espera de su extradición a Estados Unidos, país que lo acusa de supuesta conspiración para cometer lavado de dinero y fraude bancario. Los cargos fueron impuestos por la Corte del Distrito Sur de Florida, de EU.
EL PRESIDENTE EN FELIX
Luego del anuncio, el presidente Varela se trasladó a la sucursal de Felix que está ubicada en la vía España, donde conversó con empleadas de la tienda y reiteró el anuncio.
“[Esta es] una empresa que es parte de la historia de este país, por sus años de servicio. Se ha protegido. Y para mí lo más importante es que a mil 200 familias panameñas se les han asegurado sus empleos. Se ha logrado conseguir que se haga [la licencia] muy cerca el día del padre (...). Ahora seguimos a otras áreas que son un poco más complicadas, como el centro comercial Soho Mall. Haremos nuestro mejor esfuerzo para proteger todos los empleos y proteger a la familia (...)”, manifestó el gobernante.
DIFERENCIAS
En tanto, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, recordó que los periódicos La Estrella de Panamá y El Siglo, que también pertenecen a Abdul Waked, tienen licencia para operar hasta el 6 enero de 2017. “Seguimos trabajando con el resto de las empresas para buscarle soluciones. No todas las empresas son iguales, hay unas que tienen ciertas designaciones en la lista, y recuerden que se trata de unas acusaciones muy serias del Gobierno de EU a un grupo empresarial que es muy importante en Panamá (...). De forma permanente estamos hablando con los asesores de Abdul Waked”, aseguró.
Mientras que Luis Ernesto Carles, titular de Trabajo y Desarrollo Laboral, manifestó que siguen conversando con personal de las tiendas La Riviera, otro de los comercios de Abdul Waked, para explorar la manera de preservar sus empleos.
Adelantó que buscan una alternativa jurídica para que La Riviera del Aeropuerto Internacional de Tocumen pueda seguir funcionando, por lo que han conversado sobre el particular con el gerente de Tocumen, S.A., Joseph Fidanque III.
Reiteró que el propósito es que se salven los puestos de 634 trabajadores que allí laboran. “De los 317 que han sido cesados, hemos logrado reubicar 76. Le hemos planteado diferentes alternativas a través de la empresa privada y a través de Tocumen, S.A., eso queda en la voluntad de cada trabajador”, añadió Carles.
“[Esta] es una sanción administrativa del Departamento del Tesoro, y lo que nosotros queremos es preservar la mayor cantidad de empleos. Con estas acciones hemos logrado preservar más del 70% de los empleos de los trabajadores”, planteó el ministro.
LA COMISIÓN
En un consejo de gabinete extraordinario, celebrado el pasado 3 de junio, se definieron las funciones de los ministros De La Guardia, Carles y Arosemena, que integran la comisión ministerial que ha mediado con el Departamento del Tesoro de EU. Por ejemplo, los tres deberán analizar los casos y presentar informes periódicos al presidente Juan Carlos Varela sobre posibles acciones a tomar para hacerle frente a los impactos directos e indirectos al sistema económico nacional derivados de algunas de las empresas o personas listadas.
“La comisión podrá fijar consultas con agentes económicos y gremios profesionales, así como contratar los estudios necesarios, a efectos de tomar las mejores decisiones”, se destacó en un comunicado enviado por la Secretaría de Comunicación del Estado.
