Fiscal electoral remite a la Corte la denuncia contra Ana Matilde Gómez

El fiscal electoral Eduardo Peñaloza remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la denuncia contra la diputada y candidata a la Presidencia de la República Ana Matilde Gómez, por la presunta comisión del delito contra la honradez del sufragio. +info Activistas irán al banquillo de la justicia por firmas de difuntos La denuncia fue remitida por Peñaloza a la secretaria general de la CSJ, Yanixa Yuen , el pasado 16 de abril.

Gómez fue denunciada por Evans Loo , abogado de Enrique Montenegro Diviazo, por anomalías en la recolección de firmas en apoyo a su candidatura a la Presidencia de la República por la libre postulación.

"De conformidad con los registros de firmas de la denunciada, más de 12 mil firmas fueron rechazadas y entre las cuales se encuentran como causales de rechazo la falsedad de las firmas, la inexistencia de las personas signatarias, y se trata de hechos que no pueden quedar impunes", señala Loo en su denuncia, presentada el 21 de enero pasado. Posteriormente, el 28 de febrero, Loo hizo una "corrección" de su denuncia, para incluir en la misma a Marco Ameglio y Ricardo Lombana -también candidatos presidenciales por la libre postulación. Según cifras del Tribunal Electoral (TE) , Gómez recaudó 182 mil 543 firmas, de las cuales el 72% (131 mil 415 firmas) fue aceptado y el 28% restante, rechazado.

Gómez debe ser investigada por la CSJ, dada su condición de diputada de la Asamblea Nacional. Un informe del TE reconoce que los libros de firmas de candidatos por la libre postulación contenían nombres pertenecientes a difuntos y menores de edad, además de otras irregularidades, como firmas duplicadas o pertenecientes a extranjeros no habilitados para votar. La mayor cantidad de firmas sospechosas pertenecían a Francisco Paco Carreira y a Ameglio, a quienes se les encontraron mil 237 y mil 85 rúbricas de difuntos, respectivamente.

Mientras, Dimitri Flores tenía 377 difuntos en sus firmas, seguido de Lombana, con 162; Gómez, con 96, y Miguel Antonio Bernal, 8. En entrevistas anteriores, Gómez ha manifestado que le “parece muy bien que se investigue, porque hay que saber por qué lo hicieron y cómo consiguieron esas cédulas. Hay que saber la verdad y ese es el valor de una buena investigación”.

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