Guido Rodríguez, fiscal del Tribunal de Cuentas, envió una nota ayer, 18 de marzo, al contralor general de la República, Federico Humbert, para que inicie una auditoría al programa de becas que otorga la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) durante el periodo 2010-2014.
Según Rodríguez, luego de que algunos reportajes periodísticos indicaran que presumiblemente el propósito de dicho programa era el de proveer becas a panameños talentosos de escasos recursos, con el fin de cursar estudios superiores en universidades del extranjero en materia a fines a las ciencias, "fue desviado y en su lugar se incluyeron carreras ajenas a las disciplinas mencionadas".
Además, sostuvo Rodríguez, figuran como beneficiarios de las becas sufragadas con recursos públicos exministros, ex viceministros, familiares y allegados a funcionarios de la pasada administración de Ricardo Martinelli (2009-2014).
"Por lo cual no se descarta la posibilidad de una lesión patrimonial en contra del Estado", dijo.
El excanciller Francisco Álvarez de Soto, el exministro de Salud Franklin Vergara, Mario Martinelli Matute y Patricia Villanueva, sobrinos del expresidente Ricardo Martinelli, fueron algunos de los que en el quinquenio pasado se beneficiaron de las becas.
De acuerdo a una lista divulgada por la entidad, también fueron becados el exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Salomón Shamah, la exministra de Vivienda Yasmina Pimentel y Soledad Filipionok, exnovia del exministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu.
Entre las universidades figuraban la de Arkansas, en Estados Unidos alma mater del expresidente Martinelli y la de California, Berkeley.
En tanto, Jorge Motta, secretario ejecutivo de Senacyt, informó que desde el año 2005 esa entidad ha generado unas mil 700 becas de pregrado, maestría y doctorado.
Para la aprobación de estas becas –dijo en Telemetro Reporta– se aplica un reglamento para que dentro de la evaluación se tome en cuenta el componente socioeconómico de los concursantes. Además, se hace un concurso y se falla por mérito.
"En la maestría de la Universidad de Arkansas se hizo un concurso, se hizo un reglamento y los concursantes tenían que tener una licenciatura, y al final la universidad, no Senacyt decidieron quiénes eran los estudiantes que participarían de la maestría", precisó.
Las becas tenían un costo de $36 mil y cada estudiante becado tenía que pagar solamente $9 mil.
En cuanto a los diplomados que se dieron en la Universidad de Berkeley, que se ofrecieron a funcionarios y a personal de empresas privadas, es donde está la lista de los funcionarios del pasado gobierno, agregó.
Según Motta, los estudios del diplomado se dictaron en Panamá, por lo que los funcionarios solo fueron por dos semanas a tomar clases en Berkeley, ya que a las demás clases los profesores viajaban al país.
El Gobierno era quien postulaba qué funcionarios participarían del diplomado sin injerencia del Senacyt, destacó.
"Si eran familiares los que se postularon, la escogencia era ciega. Ahora, si me preguntan si estos funcionarios tienen derecho, sí tienen el derecho", indicó.
"Lo que apareció hoy en La Prensa me quita un peso de encima tremendo y creo que sería maravilloso que nos auditaran todas las becas, para que la luz entre por las últimas rendijas de la institución", sostuvo.
Desde que tomó posesión, en julio pasado, Motta suspendió la relación con la escuela de negocios de la Universidad de Arkansas. Además, suspendió las becas de pregrado donde ha "habido suspicacia".
"Estamos reconstruyendo la manera de cómo vamos a ofrecer eso y ahora se van a apoyar las universidades nacionales", añadió.
