Una solicitud de “auditoría especial” a todos los candidatos a puestos de elección popular en el torneo de mayo pasado presentó ante la Contraloría General de la República el fiscal general de Cuentas, Guido Rodríguez.
De acuerdo al funcionario, la Contraloría debe efectuar la auditoría “ante la posible comisión de hechos que pudieran afectar el patrimonio del Estado, dados a conocer en los procesos de impugnación y nulidad a puestos de elección popular, llevados a cabo por el Tribunal Electoral”.
En la nota, Rodríguez destaca que la posible lesión patrimonial se basa en los resultados de los procesos de impugnación a la elección de la entonces candidata de Cambio Democrático (CD) en el circuito 4-6 Chiriquí (Remedios, San Lorenzo, Tolé y San Félix), Giselle Rosas de Vallarino.
Rosas de Vallarino, quien en mayo de 2014 había sido proclamada diputada ganadora, fue impugnada por Jorge Alberto Rosas - también candidato- tras alegar que utilizó recursos del Estado durante la campaña.
Tras el proceso de investigación y su posterior audiencia, se divulgó una auditoría realizada por el Tribunal Electoral en el que se destacó la asignación de $1 millón 150 mil de recursos del Estado al circuito 4-6 justo en el tiempo de campaña electoral.
Los magistrados del Tribunal Electoral anularon la proclamación de Rosas tras admitir las denuncias de usos de recursos y ordenó elecciones, las cuales se realizaron en diciembre pasado.
El fiscal también pidió que se audite a Lilia Batista de Guerra, excandidata de CD del corregimiento de Playa Leona y la alcaldía de La Chorrera, también impugnada por utilización de fondos públicos en campaña.
La solicitud también incluye a Manolo Ruíz, excandidato a diputado de CD en el circuito 4-5 (Boquete, Dolega y Gualaca), quien fue impugnado.
Ruiz fue acusado de haber utilizado hasta $2.5 millones en fondos públicos durante la campaña.
Igualmente, agrega el fiscal, la auditoría debe alcanzar a los excandidatos Francisco Almengor, del corregimiento de Las Lomas, David; y a Elio Rodríguez, del corregimiento de El Puerto, Remedios (Chiriquí).
“La petición del fiscal se sustenta jurídicamente en el artículo 7 de la Ley 81 de 22 de octubre de 2013, que modifica el artículo 26 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008 y el sustento constitucional consagrado en el numeral 13 del artículo 280, el cual señala que la Contraloría General de la República debe presentar al Tribunal de Cuentas, para su juzgamiento, las cuentas de los agentes y servidores públicos de manejo cuando surjan reparos por supuestas irregularidades”, destaca una nota de prensa.
