La fiscal segunda anticorrupción, Vielka Broce, considera que los exministros Lucy Molinar, de Educación; Federico Suárez, de Obras Públicas; y las exviceministras Marta Susana de Varela, de Desarrollo Social; y María Fábrega, de la Presidencia, sí tienen responsabilidad en el proceso que instruye el Ministerio Público por la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) a un costo de $44.9 millones.
Broce apeló la decisión del Juzgado Decimoquinto, a cargo de Leslie Loaiza, quien en un fallo del pasado 9 de diciembre sobreseyó a estos exfuncionarios en este proceso.
En el caso de Suárez, de Varela y Fábrega, la fiscal dice: “Nos llama poderosamente la atención el hecho de que el juzgador de instancia [juez Loaiza] refiera que Suárez, Varela y Fábrega no tienen responsabilidad alguna en la comisión del delito de peculado, por cuanto solo conocían las bondades del proyecto y la necesidad de un plato de comida caliente para los estudiantes de nuestro país, cuando quedó comprobado que antes del proyecto 48910 [comida deshidratada], existía un programa desarrollado por el Ministerio de Educación que cumplía con éxitos comprobados tales objetivos, a menor costo, y que rendía los frutos esperados”.
Dijo también que parte de las funciones del consejo directivo del PAN, al que pertenecían los exfuncionarios, es fiscalizar y evaluar la ejecución de los planes y proyectos del PAN. “En ningún acápite del citado decreto se establece la necesidad de realizar un reglamento que establecía el procedimiento para dicha fiscalización”. En el fallo, el juez Loaiza afirmó que la fiscalización “en todo caso” corresponde a la Oficina Especial de Fiscalización del PAN, “no así de la junta directiva”.
En lo que se refiere a Molinar, manifestó: “en ningún momento el despacho judicial ha sostenido que Molinar sea responsable por haber firmado algún contrato con la empresa en mención, tal como refiere el juez, lo que sí quedó comprobado en la investigación, es que la imputada Molinar en su condición de ministra de Educación tenía conocimiento del cruce de notas de las funcionaria Dalba Caballero, exfuncionaria del Meduca con el PAN, donde ponía en conocimiento la necesidad de que los alimentos cumplieran con los nutrientes necesarios y que fueran aptos para el consumo de la población estudiantil”.
La fiscal, quien presentó el recurso ante el Segundo Tribunal de Justicia el pasado 23 de diciembre a las 11:31 a.m., infiere además que Molinar “pudo tomar la decisión de suspender el contrato” con la empresa Lerkshore International, cuando se advirtió “del problema de los nutrientes” de los alimentos.
El fallo del Juzgado Decimoquinto, aparte de librar a Molinar, Suárez, de Varela y Fábrega de la supuesta comisión del delito de peculado, abrió causa criminal a Adolfo Chichi De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, y ordenó su captura, para lo cual alertó a la Policía Nacional y a la Dirección de Investigación Judicial, y solicitó a Interpol hacer lo propio en el campo internacional. De acuerdo con el documento, De Obarrio fue el “autor mediato” de la millonaria contratación.
Loaiza también llamó a juicio por la supuesta comisión del delito de peculado al exdirector del PAN Giácomo Tamburrelli; al exjefe del Departamento de Nutrición de esa entidad Ángel Famiglietti; a la excontralora Gioconda Torres de Bianchini; y a Rubén De Ycaza, representante legal de Lerkshore International Limited, empresa a la que se le adjudicó el contrato 2010.
Por este caso, la Corte Suprema de Justicia investiga al expresidente Ricardo Martinelli, luego de que Tamburelli dijera fue quien le ordenó realizar el contrato.
