La ex administradora del Parque Omar y presentadora de televisión Mingthoy Giro tendrá que esperar por lo menos un mes para conocer si es llamada a juicio o sobreseída de los cargos que se le imputan por su supuesta vinculación con la desaparición en 2008 del conjunto monumental Los Juegos de Antaño.
La jueza segunda penal, María Lourdes Estrada, se acogió ayer al término de 30 días que le concede la ley para emitir su decisión, luego de la audiencia preliminar efectuada a Giro y a otras siete personas acusadas de hurto y peculado.
Lisette Chevalier, fiscal segunda Anticorrupción, solicitó que se le abriera causa criminal a Giro por peculado y argumentó para ello que por ser la administradora del Parque Omar, donde estaban guardadas las estatuas, Giro tenía como obligación resguardar la seguridad de ese bien, que era considerado como patrimonio histórico.
Chevalier también pidió que se abriera causa criminal por hurto a los funcionarios del parque Jaime Tapia, Rolando Vásquez y Eric Murillo, así como a Marcos Aparicio, quien formaba parte de un programa de rehabilitación social, y a los agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI) Héctor del Cid y Máximo Moró. Estos dos últimos no estuvieron presentes en la audiencia.
Además, la fiscalía solicitó que se le remitan copias del expediente y se le permita investigar la pérdida, desde los mismos depósitos del Parque Omar, de un cuadro de la colección incautada a Manuel Antonio Noriega.
En tanto, Carlos Carrillo, abogado de Giro, rebatió los argumentos de la fiscalía y señaló que en el contrato de su clienta como administradora del Parque Omar no estaba la de brindar seguridad al lugar, pues esto, según afirmó, era responsabilidad del SPI.
Como ejemplo citó un memorando del ex director de esa institución José Gómez, en el que le informaba a Giro que la seguridad del parque era responsabilidad exclusiva del SPI.
La defensa de Giro también citó otro documento del SPI, en el que se comunicaba que esa institución era la responsable de llevar un libro o bitácora para el control de todo lo que entraba o salía de ese sitio.
De igual forma, Carrillo leyó una nota de la Contraloría General de la República, fechada en septiembre de 2006, en la que dejaba constancia de que las estatuas estaban en perfecto estado y bajo resguardo en los depósitos del parque.
Esta nota fue suscrita por la Contraloría General apenas un mes después de que las estatuas fueron trasladadas al Parque Omar procedentes del Museo Reina Torres de Araúz y se les denunciara como perdidas.
