La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada intenta precisar cuánto dinero recibió Shelf Holding, Inc. una sociedad controlada por Ernesto Pérez Balladares de Lucky Games, S.A., empresa que en el gobierno del entonces presidente recibió una concesión directa para explotar máquinas tragamonedas.
Para ello, el fiscal José Ayú Prado ordenó la ampliación de la auditoría ya realizada por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como dos nuevas auditorías: una preparada por analistas financieros de la Unidad de Análisis Financiero de la Presidencia, y otra por investigadores judiciales de la Sección de Investigación Financiera de la Dirección de Investigación Judicial.
Para estas tres diligencias, el fiscal fijó un plazo de 30 días hábiles contados a partir del pasado viernes.
Ayú Prado también giró oficios al HSBC, Banco General, Banco Aliado, Banvivienda, PTY Adventures, Joyas del Mundo, S.A., Kestel Managment, Grupo Granate, Lucky Games y Shelf Holding para que apoyen estas nuevas diligencias.
El fiscal estima que las tres auditorías determinarán la cantidad de dinero que ha sido dispuesto por Shelf Holding, procedente de Lucky Games, “pero únicamente en cuanto a lo que directa o indirectamente tiene que ver con la explotación de la operación de máquinas tragamonedas”.
El 16 de junio de 1999, el entonces presidente Pérez Balladares y sus ministros emitieron la Resolución de Consejo de Gabinete 58, que otorgó la concesión a Lucky Games. La resolución también lleva la firma de Roosevelt Thayer otro de los imputados por supuesto blanqueo de capitales como ministro de Vivienda.
Concluida la ampliación del expediente ordenada por el juez Diego Fernández el pasado 25 de noviembre, podían formularse cargos a otras personas, según afirmó Ayú Prado. Hasta ahora, hay 14 imputados.
