Otra ronda nueva en la batalla interminable sobre el próximo paradero de Manuel Antonio Noriega.
Nuevamente los fiscales estadounidenses están tratando que Manuel Antonio Noriega sea enviado expeditamente a Francia, y nuevamente los abogados del ex dictador tratan de bloquear, o al menos demorar, la extradición.
Esta última ronda se centra en el hecho de que la semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación de la orden de extradición interpuesta por Noriega y sus abogados. Ese fallo de la Corte Suprema fue emitida el 25 de enero.
Al día siguiente, 26 de enero, los fiscales presentaron ante el juez Paul Huck, de Miami, una petición para que revoque la suspensión de la orden de extradición que ha estado vigente mientras Noriega perseguía su apelación.
Los fiscales subrayan que esa orden de extradición ya lleva dos años de estar aguardando su ejecución y que durante ese tiempo, Noriega “se ha aprovechado plenamente de los mecanismos jurídicos a su alcance”.
Dado que la Corte Suprema ha rechazado la apelación, es hora de seguir adelante con la extradición, argumentan los fiscales.
Como respuesta, los abogados de Noriega, Jon May y Frank Rubino, señalan que los reglamentos de la Corte Suprema dan hasta el 19 de febrero para solicitar una reconsideración, recurso que ellos perseguirán.
En un alegato enviado al juez Huck, ellos sostienen que la posición de la Corte Suprema sobre el trato de “enemigos combatientes” ha ido evolucionado durante la lucha contra el terrorismo, por lo que “es de interés nacional” que la Corte utilice el caso Noriega para pronunciarse sobre las protecciones y derechos de esta categoría de prisioneros bajo el derecho estadounidense y el Convenio de Ginebra.
No hay razón para apresurarse tanto, argumentan May y Rubino.
“El único que ha sufrido [por la demora] es el general Noriega, y él está muy dispuesto a quedarse donde está, hasta que la Corte Suprema decida su petición de reconsideración”, afirma su alegato.
La página web del Buró Federal de Prisiones confirma que Noriega se mantiene preso en la misma cárcel donde ha estado recluido desde enero de 1990.
Gobierno de Torrijos guardó distanciaEste diario ha tenido acceso a documentos que confirman que el gobierno de Martín Torrijos no hizo algo para tramitar eficazmente la extradición de Manuel Antonio Noriega a Panamá, durante los dos años en que La Prensa estuvo informando insistentemente la fecha exacta en que el ex dictador completaría su condena en Miami.
Los funcionarios torrijistas solo presentaron sus solicitudes de extradición cuando ya era demasiado tarde, o sea cuando ya los tribunales estadounidenses habían decidido enviar a Noriega a Francia. El 10 de septiembre de 2005, este diario informó en primera plana que Noriega sería puesto en libertad definitiva el 9 de septiembre de 2007. Los funcionarios del gobierno de Torrijos tildaron eso de “incierto”, “especulación” y “rumor”.
Luego, en marzo de 2006, el hecho volvió a ser noticia de primera plana cuando La Prensa descubrió que la página web del Buró Federal de Prisiones tenía en blanco y negro que la fecha de salida de la cárcel de Noriega era la misma que ya se había reportado: el 9 de septiembre de 2007. Esta semana, La Prensa ha tenido acceso a documentos panameños que indican que el gobierno de Martín no tomó acción sobre el asunto hasta el 28 de marzo de 2006, cuando la Procuradora solicitó que la Cancillería averiguara el estatus de las antiguas solicitudes de extradición presentadas durante el gobierno de Guillermo Endara.
El 5 de abril de 2006, la Cancillería envió una nota a la Embajada en Washington, pidiendo que se hiciera esa averiguación.
El 12 de abril de 2006, la embajada envió una nota al Departamento de Estado, preguntando por “la fecha oficial” de la liberación de Noriega y por el estatus de esas solicitudes viejas de extradición.
El 31 de mayo de 2006, el Departamento de Estado respondió escuetamente que estaba “revisando las solicitudes de extradición”. De allí, los funcionarios panameños se cruzaron de brazos por los próximos ocho meses. El 24 de enero de 2007, los funcionarios del gobierno de Torrijos volvieron a enviar una nota al Departamento de Estado para pedir información sobre el estatus de las solicitudes originales de extradición, pero no le dieron seguimiento cuando no se recibió respuesta del lado estadounidense.
En mayo de 2007, este diario informó que Francia había pedido la extradición de Noriega, para que encarara cargos de lavado de dinero allá. Sin embargo, los documentos a los que este diario ha tenido acceso no revelan que eso haya motivado a que el gobierno de Torrijos tomara alguna acción con respecto a la extradición de Noriega. Tampoco lo hizo, según los documentos, cuando en agosto de 2007 se celebraron varias audiencias en Miami para determinar el próximo paradero de Noriega.
Como resultado de esas audiencias, un juez federal ordenó el 28 de agosto de 2007 que Noriega fuera extraditado a Francia. Desde entonces, Noriega ha estado apelando esa orden. Fue solo después de emitida la orden de extradición que el gobierno de Torrijos presentó tres solicitudes de extradición (entre septiembre de 2007 y febrero de 2009). Esas solicitudes se refieren a las condenas de Noriega por el homicidio de Moisés Giroldi, por homicidios en la masacre de Albrook, y por la tortura de Humberto Macea Wilson.
Betty Brannan Jaén
