Tras la intervención del Hospital Integrado San Miguel Arcángel (HISMA), “no habrá despidos”. Así de categórico fue Rodrigo Velarde, director ejecutivo encargado de la entidad.
Velarde, quien reemplaza a Pedro Contreras en el cargo, se reunió con el personal del hospital al que le garantizó que “el empleado que cumpla con su trabajo y que no sea un obstáculo para las auditorías” no tendrá problemas.
Velarde comentó que las auditorías para conocer la verdad financiera y administrativa en ese centro hospitalario empezaron ayer, y que deben terminarse en un plazo de 60 días. Detalló, además, que en este proceso se verificarán las cuentas por pagar a proveedores y los estados financieros.
El objetivo de conocer la realidad del hospital, enfatizó, es brindarle una mejor atención a los pacientes.
Así, las dudas de los empleados ante el cambio del Hospital San Miguel Arcángel, del sistema público-privado al público-público, fueron disipadas por el actual director ejecutivo.
Al respecto, Efraín Cedeño, secretario de Defensa del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Miguel Arcángel, confirmó que las autoridades de Salud se comprometieron a pagar las prestaciones laborales a los trabajadores y a garantizarles la continuidad laboral una vez cambie el sistema administrativo.
El Gobierno tendrá que desembolsar unos $3.5 millones para pagar las prestaciones de los más de 600 trabajadores, dijo Cedeño.
Indicó que la falta de equipos médicos, personal en el salón de operaciones y especialistas, son algunas de las carencias que hay que suplir en el hospital, que opera con un presupuesto de 13 millones de dólares.
Franklin Vergara, ministro de Salud, abordó el tema de la intervención del HISMA reiterando que obedeció a incongruencias halladas en anteriores auditorías y “aparentes irregularidades administrativas”.
Dijo que la “incapacidad manifiesta” de la separada administración fue expuesta en un artículo que publicó este diario, el pasado 23 de agosto, en el que se reveló el déficit de 7 millones de dólares que mantiene el hospital de San Miguelito.
El ministro negó que haya alguna ilegalidad en la intervención del Minsa en el HISMA, porque el artículo 24 de la Ley 28 de 1998 faculta a la Coordinadora Nacional de la Salud a autorizar al ministerio ante el “incumplimiento del contrato-programa e incapacidad manifiesta”.
Añadió que lo que se hace es cumplir con lo pactado en 2007. “No estamos tomando de sorpresa a nadie”, agregó.
Sin embargo, en un comunicado emitido ayer sobre el déficit millonario de la entidad, el Patronato del HISMA señaló: “Es una deuda que ha sido el resultado de las políticas oficiales de los dos últimos gobiernos, y que el actual ministerio [Minsa] ha tomado como excusa para la intervención que denunciamos”.
El Patronato reitera que la intervención es ilegal.
