Las diferencias entre el director del Registro Público, Luis Barría, y el subdirector de esa entidad, Alexis Cano, podrían tener su génesis en una resolución del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) de 2010, en la que se decretó un embargo sobre una finca propiedad de este último por incumplir un préstamo de $12 mil 814.
Desde el 5 de agosto de 2010, Lenis Herrera, jueza ejecutora del BDA en Las Tablas, ordenó al Registro Público inscribir una resolución de embargo sobre la finca 103795 ubicada en La Chorrera, y cuyo propietario es Alexis Cano.
Según establece la normativa vigente, estos casos son competencia del subdirector del Registro Público, pero la inscripción no se produjo.
No fue hasta el 23 de junio de 2011 que Barría ordenó inscribir la resolución de embargo, según consta en el registro digital de esa institución.
“Este expediente estuvo retenido y es un claro tráfico de influencias”, dijo Barría la semana pasada, tras argumentar que, como pretendía denunciar el caso, “se le montó una campaña”.
“Querían protegerlo por ser miembro de Cambio Democrático, pero como se dieron cuenta de que yo iba a denunciar este hecho, él [Cano] me montó una campaña de desprestigio”, aseguró Barría, en alusión a las denuncias que hicieron funcionarios de esta entidad en su contra y que fueron publicadas en el diario Panamá América una semana después de inscribir el embargo.
El BDA le concedió a Cano un préstamo por $12 mil 814, y como garantía hipotecaria utilizó la finca 103795 de 975 metros cuadrados.
Cano no solo incumplió con el pago, sino que llevó a cabo una “serie de engaños” al momento de tramitar el crédito, según un informe del BDA que se cita en la resolución de embargo.
Este diario hizo ayer varias llamadas al celular de Cano para conocer su versión, pero no respondió.
