Gobierno elimina el PAN y crea Dirección de Asistencia Social fiscalizada por la Contraloría

Gobierno elimina el PAN y crea Dirección de Asistencia Social fiscalizada por la Contraloría
Gobierno elimina el PAN y crea Dirección de Asistencia Social fiscalizada por la Contraloría

La Secretaría de Comunicación del Estado comunicó que el Gobierno decidió eliminar el Programa de Ayuda Nacional (PAN) y transfirió sus atribuciones a una recién creada Dirección de Asistencia Social, que estará en el Ministerio de la Presidencia.

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La nueva figura, según explica un comunicado, estará fiscalizada por la Contraloría General de la República

La medida se ejecutará a partir del primero de enero de 2016 y precisa que la dirección nueva estará encargada de comprar y suministrar bienes y servicios, además de la ejecución de obras focalizadas en combatir la pobreza y de socorrer a personas afectadas por desastres naturales o catástrofes provocadas por la actividad humana.

"La Dirección de Asistencia Social será administrada por un director nacional, de libre nombramiento y remoción de Presidente de la República, y con la colaboración de un Consejo Consultivo. Este Consejo Consultivo estará integrado por: el ministro de la Presidencia, quien lo presidirá; el ministro de Obras Públicas, o quien él designe; el ministro de Educación, o quien él designe, el ministro de Desarrollo Social, o quien él designe, y el ministro de Gobierno, o quien él designe. El director de la Dirección de Asistencia Social podrá asistir con derecho a voz y fungirá como el secretario del Consejo Consultivo y el contralor General de la República, o quien él designe podrá asistir a las reuniones del Consejo Consultivo, con derecho a voz", añade la nota.

La decisión de eliminar el Programa de Ayuda Nacional (PAN) ya había sido adelantada por diferentes voceros del Gobierno durante los últimos meses.

Rafael Guardia y Giacomo Tamburrelli, los últimos dos directores de esta institución del gobierno de Ricardo Martinelli enfrentan diferentes investigaciones por las presuntas irregularidades en compras suministradas al Estado durante sus administraciones.

 


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