El Gobierno restó importancia a la crisis de Bocas del Toro que, en julio pasado, dejó dos muertos y al menos 200 heridos.
Ayer, el director de Asuntos Jurídicos y Tratados de la Cancillería, Vladimir Franco Sousa, aseguró que el informe enviado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no exigía incluir “casos específicos” del estado de los derechos humanos en el país. Por ello, sostuvo, el Gobierno excluyó los enfrentamientos causados tras la aprobación de la Ley 30.
Sin embargo, el Gobierno sí incluyó puntos específicos sobre programas estatales, como la beca universal y el programa “100 a los 70”.
“Cuando a Panamá le toque sustentar podría tocar el tema de Bocas, incluyendo el logro alcanzado por el diálogo”, indicó el funcionario.
Sindicalistas, representantes de la sociedad civil y opositores están indignados por la exclusión de ese suceso. “No se puede ocultar una información como esa”, acotó Aníbal Culiolis, vicepresidente del opositor Partido Popular.
El diputado perredista Rogelio Paredes, en tanto, aseguró que Panamá “hará el ridículo” en su presentación el 2 de noviembre, cuando deberá sustentar, ante las 47 naciones que integran el Consejo de Derechos Humanos, el estatus de este tema en el país.
Según el sindicalista Rafael Chavarría, dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, “Panamá pasará un mal rato en la audiencia, pues gran parte de los países que integran el Consejo están enterados de lo ocurrido en Bocas”, dijo.
“Están tratando de ocultar las cosas negativas”, argumentó, por su parte, Carlos Lee, presidente de Alianza Ciudadana pro Justicia.
Carlos Vásquez, secretario de la Defensoría del Pueblo, dijo que Panamá deberá tratar en la audiencia lo ocurrido en Bocas, pues “ahí hubo una clara vulneración a los derechos humanos”.
En tanto, ayer se publicó el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre este tema. El documento reconoce al país por la aprobación del Código Penal, la aprobación de la ley de violencia doméstica y la autorización a los refugiados con 10 años en el país de solicitar residencia permanente.
Sin embargo, repudia el cumplimiento en la igualdad de género, salud sexual y reproductiva. Además, plasma que Panamá carece de un plan integral de derechos humanos y no respeta la separación entre condenados y sentenciados. El documento también señala que las autoridades no castigan a los custodios que maltratan a los presos ni a los policías que agreden a los ciudadanos al momento de su detención.
El informe no incluye la crisis de Bocas del Toro ni los recientes casos de condenas a periodistas, pues el cierre del documento fue en abril. Sin embargo, recalca que “preocupan las informaciones recibidas sobre persecución e intimidación” a indígenas por su oposición a decisiones gubernamentales.
