El Gobierno no ha cumplido con las recomendaciones realizadas por la comisión especial, que fue designada por el propio Ejecutivo para aclarar los disturbios de Bocas del Toro ocurridos en julio a causa de la polémica y ya subrogada Ley 30.
La comisión entregó el informe el 25 de octubre al presidente, Ricardo Martinelli. Hasta ahora –un mes y medio después– no ha recibido una respuesta a sus peticiones, confirmó su vocero, Roberto Troncoso. Según dijo, desde que el Ejecutivo formó el grupo se comprometió a cumplir con el trabajo realizado por este, cosa que no ha hecho.
Entre otras cosas, la misión le sugirió al Gobierno crear una ley de reparación a las víctimas de los enfrentamientos, que dejaron cuatro muertos y más de 700 heridos. También recomendó cambiar los métodos para controlar multitudes y darles otras fuentes de producción a los bocatoreños. “Lo más importante es que atiendan la ley de reparación a los bocatoreños, porque hay cientos de personas que necesitan ayuda”, dijo Troncoso.
El Gobierno –a través del secretario de Comunicación, Alfredo Prieto– aceptó que no ha acatado las recomendaciones de la comisión. “Si Martinelli dijo no estar de acuerdo con la investigación de la comisión, está en todo su derecho de no acatar todas las sugerencias”, dijo.
El día que recibió el informe, Martinelli llamó “miedosos” a los comisionados por no mencionar que “los verdaderos culpables” eran un partido opositor y un sindicato. Les recriminó, además, que era fácil culpar al Gobierno por todo.
En vez de responder a las recomendaciones, Prieto dijo que el Gobierno “está brindando ayuda a Bocas del Toro en materia educativa, para que los bocatoreños puedan tener acceso a empleos dignos. Estamos dando la beca universal y ayudamos a varios heridos”.
En este grupo participaron Troncoso, Julia Suira, Rubén Castillo, Octavio Amat, Aníbal Galindo y Mariel Vega. Como observadores estuvieron Paulina Franceschi y Roberto Sirauqui.
